La Fiscalía investiga la adjudicación del servicio municipal de limpieza viaria en Albolote

La investigación se produce a raíz de una denuncia del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Albolote contra el actual regidor, Salustiano Ureña García (PP), la segunda teniente de alcalde, Marta Nievas, así como los miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor de la contratación, según consta en el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press. Este asunto motivó el pasado 26 de septiembre la apertura de diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de los hechos, que podrían revestir posibles «delitos de prevaricación y malversación».

La denuncia, que recoge este decreto, expone que el 7 de junio de 2022 el regidor y la segunda teniente de alcalde elaboraron la memoria justificativa para la contratación del servicio de limpieza viaria y que ese mismo día se efectuó la retención de crédito por 340.000 euros.

Un día después, el 8 de junio, se emitió un informe conjunto desfavorable a la contratación por parte de la secretaria general, el interventor y la jefa de servicio de Contratación en el que se hacía constar que la adjudicación de los contratos se deben realizar «utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio» y que en este caso había una «vulneración de los principios que rigen la contratación pública». Se advertía igualmente que «la infracción del ordenamiento jurídico» podía «dar lugar a responsabilidades penales».

Pese a ello, afirman los denunciantes que ese día el regidor presuntamente acordó «levantar el reparo formulado, sin mayor motivación», con lo que continuó la tramitación del expediente de contratación, y también ese mismo día la segunda teniente de alcalde formuló «propuesta de acuerdo de adjudicación» en favor de la citada empresa «y por el precio máximo de licitación de 340.000 euros».

Ese mismo 8 de junio fue presuntamente aprobada en Junta de Gobierno Local la citada propuesta resultando adjudicataria la citada mercantil y el contrato supuestamente se formalizó con la empresa al día siguiente. Afirman los denunciantes que la escritura pública de constitución de esta empresa fue entregada ante notario «apenas siete días antes de la adjudicación del contrato», por lo que creen que presuntamente «se creó expresamente para la adjudicación del contrato», según recoge el decreto del Ministerio Público.

Por todo ello, la Fiscalía resuelve dar traslado a la Comandancia de la Guardia Civil sobre estos hechos para «acreditar la veracidad de los mismos y la identidad de las personas presuntamente responsables».

Solicita así que sea aportado el informe del secretario del Ayuntamiento en el que «conste la tramitación del expediente de contratación, la legalidad de dicha contratación, los pagos realizados, los reparos de la Intervención Municipal, si existieran, así como las actas de los plenos municipales en los que se hayan realizado advertencias de ilegalidad con determinación a los miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron a favor de la contratación con conocimiento del reparo formulado previamente».

Por su parte, el alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, indica que en este proceso «no existía otra solución técnica» que la que llevaron a cabo. El regidor explica que la Reforma Laboral cortó la posibilidad de seguir contratando empleados de limpieza viaria de la bolsa y que por eso se inició un procedimiento para adjudicar el servicio a una empresa. «No terminamos el trámite porque no se podían cumplir los plazos y había que seguir prestando el servicio», expone el primer edil alboloteño.

Ureña apunta que tenían solo cuatro meses para adjudicar y que no llegaban a los plazos por lo que optaron, «con asesoría técnica» –según aclara– por adjudicar el servicio «a la empresa que ofrecía realizar el servicio con el presupuesto más bajo y que ya trabajaba con anterioridad con el Ayuntamiento».

«Los informes no eran favorables, pero por los plazos había que hacerlo así porque la limpieza viaria es un servicio obligatorio que no se puede dejar de prestar», aclara el alcalde. Salustiano Ureña manifiesta también que «en esos días» la empresa cambió la razón social para constituirse como tal «porque primero era de un autónomo». El alcalde asegura que no tiene aún comunicación oficial y que aportará sus argumentos a la fiscalía.