Agreden a dos funcionarios de la cárcel de Albolote: «Les dijeron que los iban a matar a ellos y a su familia»
Los hechos sucedieron el sábado cuando un menor intentó entrar a visitar a un recluso y le fue denegado el permiso
os funcionarios del Centro Penitenciario de Albolote fueron agredidos el pasado sábado cuando le fue denegado el permiso de entrada a un menor que quería ... acceder a visitar a un recluso. Los trabajadores del control de acceso pidieron el libro de familia a los individuos ya que solo los familiares tienen permitidas las visitas y, al negar estos su entrega, tuvo lugar el ataque. Empezaron a golpear la cristalera tras la que trabajan los funcionarios, retorcieron el brazo a uno de ellos y llegaron a lanzar una bolsa de ropa de 25 kilos contra otro ocasionándole lesiones en la cabeza.
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Asimismo, los funcionarios también recibieron amenazas por parte de los mismos agresores. «Les dijeron que los iban a matar a ellos y a toda su familia, y que sabían donde vivían», ha declarado a IDEAL la delegada de CCOO Granada en la prisión de Albolote, Cecilia Vargas. Ambos trabajadores tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del centro y también fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para sofocar a los agresores.
El ataque y las amenazas tuvieron lugar a primera hora de la mañana, sobre las 10.15, mientras otro gran número de familiares esperaba también a recibir el permiso para entrar. «Esta situación muestra frente al resto de usuarios nuestra indefensión», ha añadido Vargas.
En esta misma línea, ha destacado que estos hechos ponen en evidencia «las graves carencias» de las instituciones penitenciarias, ya que las agresiones van en aumento. En 2023, el personal penitenciario sufrió más de 500 agresiones, sin contar insultos y amenazas, ya que hasta que no se produce el ataque físico la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no las contabiliza. Por ello, desde el sindicato han reafirmado la necesidad de establecer la «condición de seguridad» a los funcionarios de control con el objetivo de que los trabajadores ganen seguridad y sus agresiones sean consideradas un delito de atentado a la autoridad. Además, Vargas ha denunciado el déficit de 87 trabajadores que sufre el la cárcel, motivo por el que tienen una elevada carga de trabajo y genera una atención apresurada a las familias.
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