La actualización de Adriano deja más de un millar de fallos en los juzgados granadinos

Los fallos de Adriano sobrecargan a la Justicia, que no pasa por su mejor momento. A la falta de juzgados y trabajadores para sacar adelante los miles de asuntos que entran cada año se unen las secuelas que arrastran de las diferentes huelgas que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios, con el amago de participar de jueces y fiscales, llevaron a cabo en 2023. La suspensión de incontables juicios, los atrasos, las deficiencias del programa y la sobrecarga de trabajo lastran la eficacia de los tribunales y de los más de 1.300 profesionales ligados a ellos –unos 1.050 funcionarios, más de 120 jueces y magistrados, casi un centenar de LAJ y 53 fiscales engrasan la balanza judicial en Granada–.

La situación es «preocupante», en los juzgados donde los problemas con Adriano han hecho que la eficacia de los funcionarios disminuya. Gestionan la mitad de expedientes de lo habitual.

En los órganos judiciales donde la media de actividad era entre 15 o 20 casos al día, ya no alcanzan los 8. Silvia Martín, representante de Justicia de CSIF en Granada y presidenta de la Junta de Personal de Administración de Justicia, afirma que la apertura del año judicial ha sido «bastante complicada». «Nuestro propio sistema ralentiza la eficacia de los órganos. Las incidencias tardan meses en resolverse y en muchas ocasiones se cierran en falso», critica.

De acuerdo con la versión de los afectados, Andalucía dispone solo de dos informáticos con conocimientos en el programa. Los funcionarios que toman posesión tardan más de un mes en recibir el alta y sus compañeros deben prestarles las claves, poniendo en peligro la protección de datos, para que no estén de brazos cruzados. «La Junta no da respuesta a nuestras quejas», lamenta Martín. Hace un mes, el 23 de septiembre, se produjo una caída generalizada en toda Andalucía que en Granada arrastró varios días de bloqueo en las sedes judiciales.

«El programa a muchos funcionarios le tarda más de media hora al día en arrancar. Es la tónica general», resume Martín. Además, junto con Adriano, las sedes judiciales no cuentan en muchos casos con equipos preparados, se encuentran obsoletos. En Guadix, donde atienden 1.400 demandas civiles de forma anual, hasta esta semana el servicio común ha compartido dos ordenadores entre cuatro funcionarios durante casi dos meses porque los equipos había que renovarlos por completo.

Este desfase en las herramientas tecnológicas hace que el 'papel cero' en los juzgados no se haya podido materializar todavía, pese a que llevan casi una década de transición. En órganos como Fiscalía la dependencia al papel «es absoluta». Además, es la forma de comunicación posible con bancos, ayuntamientos u otras instituciones.

El año judicial arrancó hace un mes y Alberto del Águila, juez decano de Granada, manifiesta que la problemática que afecta a los juzgados granadinos se han trasladado a la consejería. El juez hace énfasis en la necesidad de aumentar la planta judicial. «La litigiosidad aumenta, pero siguen las mismas manos trabajando y se producen colapsos», señala. «No trabajamos en condiciones propias, lo que perjudica a la conciliación y a la salud de muchos profesionales», añade.

El decano de los jueces resalta el papel de los trabajadores de la justicia que, a pesar de las deficiencias, hacen que el sistema funcione. La solución para los agentes implicados es clara: más plazas judiciales. La memoria del TSJA fija en 16 el número de juzgados necesarios en la provincia, la mayoría de Primera Instancia e Instrucción. Para este curso judicial, el juez decano apunta que no se esperan ampliaciones. En 2023 se dotó de doce nuevas plazas a toda Andalucía, por lo que difícilmente Granada recibirá lo que se demanda.

El CSIF considera que en Baza, Guadix, Loja, Santa Fe, Motril y las secciones penales, civil y violencia de género en Granada son las que más apremian refuerzos de plantilla. Para Antonio González, delegado de UGT, además de que no se reconocen las horas extraordinarias, «no prosperan» las proposiciones de poner en marcha planes de refuerzo en el que los funcionarios que se presenten voluntarios trabajen varias horas por la tarde. «Los pleitos que duran años no son justicia real», remacha.

Nicolás Núñez, coordinador andaluz de STAJ, indica que el nuevo programa ha provocado más de 13.000 incidencias en Andalucía, 1.500 de ellas al menos en Granada. «A pesar de Adriano seguimos en el ránking de juzgados con mayor resolución de los casos. Se debe retribuir esos esfuerzos. No es justo que nos paguen menos que en otras comunidades autónomas», concluye.

La sección sindical de Justicia de CC OO Granada revela que en el Juzgado de Lo Social número 7 se están señalando juicios para dentro de dos años y medio, en septiembre de 2026; y en el número 3, para octubre de 2025. Las vistas por despidos están fijándose para enero del próximo año. Francisco Vílchez, delegado sindical, apunta que el bloqueo «va para largo» e insta a las administraciones a tomar cartas en el asunto. «Al final se resiente el ciudadano», sentencia.

Por su parte, la delegación territorial de Justicia de la Junta de Andalucía señala que redactan un nuevo contrato de mantenimiento y de evolutivos del Adriano. «Estamos con la redacción del pliego de condiciones. De hecho, hemos comenzado ya con las reuniones de la segunda comisión digital (la primera fue para la implantación) compuesta por jueces, fiscales, LAJ, funcionarios, en la que entre otros temas se va a abordar las necesidades que presenta el sistema y que serán incluidas en el contrato.», explican.