Absuelto el exalcalde de Otura de fraude en la contratación de actividades culturales

El exregidor estaba acusado de realizar pagos a las dos contratistas que excedían del límite del importe de los respectivos contratos. Dichos pagos fueron, de hecho, objeto de reparo por la Intervención Municipal, pese a lo cual se ejecutaron.

El juicio de este proceso penal, en el que también había sido acusado otro exregidor, Pedro Cabanillas, ya fallecido, se celebró los días 1 y 2 de marzo en la Audiencia Provincial de Granada, que ha absuelto a Fernández-Sanz al no apreciar delito en su conducta.

Para el tribunal, «no resulta probado que el acusado, actuando con ánimo de lucro, sustrajese o consintiese en la sustracción por un tercero de caudales públicos», por lo que descarta que cometiese malversación.

De igual modo, rechaza que el ex primer edil llevase a cabo fraude en la contratación, pues «no existe prueba alguna ni del concierto o artificio ni del dolo de defraudar» a la Administración.

En cuanto a la prevaricación, también descarta el tribunal provincial que Fernández-Sanz incurriera en este ilícito, pese a que la actitud del acusado «distase de ser modélica desde la perspectiva del cumplimiento de la legislación administrativa sobre contratación y sobre el destino de los fondos« que se emplearon para abonar algunas de las facturas, que eran del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS).

En este asunto, que fue investigado por el Juzgado mixto número 1 de Santa Fe, ejercía igualmente la acusación particular el Ayuntamiento de Otura, que se adhirió a las conclusiones definitivas del ministerio fiscal en la última sesión del juicio.

Fernández-Sanz, que ha estado defendido por el penalista Rafael López Guarnido, se enfrentaba a una petición fiscal de cinco año y medio de prisión y al pago de algo más de 1.113.000 al Ayuntamiento de Otura por los supuestos perjuicios derivados de aquellos expedientes (845.357 euros por uno y 268.008 por el otro).

El fallo del tribunal provincial, dictado el 15 de marzo y que puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), considera probado que el regidor, durante el desempeño de su cargo al frente de la corporación local de Otira, suscribió la aprobación del gasto y el pago de numerosas facturas en relación con los dos contratos que han estado bajo sospecha.

El primer expediente objeto de este juicio se aprobó el 22 de marzo de 2006. Estaba encaminado a la prestación de los servicios de actividades deportivas, culturales y de ocio con un precio de licitación de 120.020 euros y fue adjudicado el 19 de agosto del mismo año una mercantil por un precio de 114.000 euros y una duración de un año desde el 12 de diciembre de 2006.

Según el fallo, Fernández Sanz ordenó el abono de cinco facturas a esa mercantil en los años 2007 y 2010 por importes de entre 34.871 y 289.540 euros. Se pagaron con fondos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) y ello pese a que había un informe de la tesorera en el que se advertía que ese dinero no podía destinarse a un fin distinto del establecido.

El segundo expediente se firmó por el exalcalde el 28 de abril de 2010 mediante la fórmula de un contrato menor. Se adjudicó a otra empresa por un precio de 18.000 euros, por un plazo de ejecución de tres meses a partir de la firma del contrato y una duración no superior a un año.

Si embargo, en este caso, el acusado Ignacio Fernández-Sanz autorizó no solo la ampliación del tiempo de contrato sino también el pago de facturas que carecían de cobertura en dicho contrato.

Sin embargo, los magistrados de Plaza Nueva resaltan un extremo relevante: que con todas estas irregularidades, y a pesar de las advertencias y reparos formulados por los funcionarios municipales, «las órdenes de pago atendieron el cumplimiento de obligaciones contraídas por el Ayuntamiento».

Es más, en el juicio oral se desveló que «mediante el desbloqueo de la cuenta del PMS fueron atendidos no solo pagos a estas empresas (entre otras contratistas del municipio) sino las nóminas de los funcionarios, en un periodo de falta de liquidez del Ayuntamiento». Hubo, por tanto, anomalías, pero no delito.