Los abogados granadinos exigen refuerzos para los tribunales, donde se señalan juicios a más de dos años vista

El 94% de los juzgados de Granada están saturados, superan el umbral de entrada de casos deseables que marca como límite orientativo el Consejo General del Poder Judicial. Tal y como se desprende de la última memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), de los 55 juzgados que tiene la capital, solo los dos de Menores y el único tribunal encargado de la vigilancia penitenciaria no están sobrecargados y se mantienen en los parámetros fijados.

Casos de divorcio con menores a cargo pendientes de medidas urgentes, juicios laborales sobre despidos, demandas de incapacidad o procedimientos penales con víctimas o ejecuciones hipotecarias, entre otros, se están prolongando «de manera inaceptable», dejando a justiciables y profesionales en una «intolerable situación de impasse que vulnera el derecho a una justicia ágil y eficiente». Si bien siempre la Jurisdicción Social es históricamente la que presenta mayores retrasos, la Abogacía granadina ha detectado que esta situación endémica de colapso se está trasladando al resto de jurisdicciones, especialmente la Civil y a la Laboral.

Además, las previsiones apuntan a un empeoramiento de esta circunstancia mientras los operadores jurídicos se adaptan al nuevo modelo judicial implantado por la Ley de Eficiencia Procesal y mientras las plantillas no se ajusten el mayor volumen de casos que se judicializa. Por eso, la Abogacía granadina reclama a las Administraciones competentes la adopción urgente de medidas estructurales y organizativas que permitan paliar esta situación. Es necesario reforzar las plantillas de funcionarios y jueces, modernizar los sistemas informáticos y garantizar recursos materiales suficientes para que los órganos judiciales de la provincia puedan prestar un servicio acorde con las necesidades sociales.

El Colegio recuerda que la justicia no puede convertirse en un servicio colapsado ni inoperante, porque ello supone un perjuicio directo para la ciudadanía y mina la confianza en el Estado de Derecho. En este sentido, la Abogacía granadina se pone a disposición de las instituciones para colaborar en la búsqueda de soluciones, pero también advierte que continuará denunciando públicamente las carencias y exigiendo responsabilidades mientras no se produzcan mejoras reales, porque entiende que la justicia lenta no es una justicia y los granadinos merecen un sistema judicial ágil, eficaz y dotado de medios suficientes.

De acuerdo con la última memoria del TSJA, alarma especialmente la situación de los 16 órganos específicos de Primera Instancia y los dos Juzgados Mercantiles, con un ingreso respectivamente por tribunal de 2.600 asuntos y 1.060 por órgano. Ambos son los que mayor carga de trabajo tienen y superan en más de un 100% el umbral fijado. Por su parte, los ocho juzgados de lo Social y los dos de Violencia Sobre la Mujer, que asumieron en 2024 los casos de Santa Fe, superan en más de un 45% el nivel de asuntos deseado. En el caso de los nueve órganos de Instrucción, los cinco Contencioso-Administrativo y los seis Penales la sobrecarga se sitúa aproximadamente en un 30% de lo indicado. Los tres juzgados de Familia, que registran cada uno de media 1.346 casos, son los menos saturados y rebasan en un 1,7% los asuntos estipulados.