La jueza de violencia de género de Granada rechaza la competencia sobre el hijo de Juana Rivas

La magistrada, en dos nuevos autos, señala que la denuncia es similar a la que recibió y archivó el 30 de diciembre, donde consideró que la autoridad competente para actuar «en un presunto delito de violencia doméstica» ocurrido en Italia es la Corte sarda y remite a estos tribunales sardos el caso. Además, devuelve el procedimiento al juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que actuó como juzgado de guardia, ya que este órgano acordó las medidas cautelares que suspendieron el regreso a Italia del menor de 10 años. Sin embargo, la jueza no entra a valorar la medida protección que puso en marcha el tribunal y señala que su pronunciamiento en este procedimiento se produce «sin perjuicio» de lo que acordó el órgano, por lo que el menor podrá permanecer de momento con su madre en Granada.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la decisión provoca «un posible conflicto de competencias» entre juzgados que deberá resolver o bien el Decanato de los Juzgados de Granada en aplicación de sus normas de reparto o la Audiencia Provincial de Granada. Paralelamente, las partes implicadas esperan una resolución por parte de la Corte de Apelación de Cagliari, quien ordenó y recordó a Juana Rivas que su hijo debía volver a Italia con su padre el 8 de enero.

Las últimas decisiones no han sido bien recibidas por la defensa de Rivas. El abogado de la madre de Maracena, Carlos Aránguez, ha atacado y criticado duramente la actuación de la magistrada en un comunicado que ha remitido a los medios de comunicación. «Es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre», ha manifestado.

Además, culpa a la jueza del rumbo que tomó el caso de Juana Rivas. «Esta es la jueza que archivó en un cajón la denuncia que cursó Juana Rivas nada más llegar a España, huyendo de su maltratador, en fecha 12 de julio de 2016. De esta forma se incumplió flagrantemente el artículo 17 del Estatuto de la Víctima, según el cual esta jueza debía haber ordenado la traducción de dicha denuncia, y la tendría que haber remitido a Italia. No lo hizo hasta más de un año después, cuando Francisca Granados desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena se dirigió a múltiples instancias administrativas y judiciales, denunciando ese lamentable error judicial», añade Aránguez. «La equivocación de la jueza da inicio a lo que ahora denominamos 'Caso Juana Rivas' porque desde Italia, como es sabido, el señor Arcuri alega sustracción internacional de menores, que ante la falta de consideración del contexto real del que venían huyendo Juana y sus hijos, desencadenó las nefastas consecuencias por todos conocidas», remacha.

«Este nuevo conflicto de competencia dilata injustificadamente el procedimiento (una vez más), pero en absoluto altera la medida cautelar adoptada el pasado martes. Daniel se queda aquí, y seguiremos luchando incansablemente para que esa decisión provisional se convierta en definitiva.Y mientras diferentes tribunales españoles e italianos siguen discutiendo sobre a quien le corresponde decidir, Daniel que ya está escolarizado en España, celebrará el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar», sentencia.

Poco después de hacer estas declaraciones, el abogado ha remitido un nuevo comunicado donde admite que ha efectuado «valoraciones muy negativas de algunas resoluciones» y de la magistrada. «Asumo personalmente cualquier responsabilidad disciplinaria, penal o civil que puedan derivarse de mi comunicado de prensa», señala. Por último, lamenta que la decisión del tribunal de Violencia Sobre la Mujer no «consolidan definitivamente» la estancia del niño en España y adelanta que recurrirá la decisión.

Suspensión de la custodia

No es el primer tribunal que rechaza las medidas de protección solicitadas recientemente por Juana Rivas. La madre pedía también la suspensión de la guardia y custodia a Arcuri. La defensa de la madre granadina trabajó a contrarreloj para evitar que el hijo menor volviera este miércoles a Italia tras las fiestas navideñas. Rivas pidió auxilio a la Fiscalía Provincial de Granada después de que juzgados de violencia sobre la mujer de Granada y Málaga desestimasen, entre el 23 y 30 de diciembre, las medidas de protección que solicitó para su hijo. La granadina rogaba protección internacional ante lo que considera «una clara situación de riesgo». Durante las vacaciones navideñas, el abogado puso en marcha la petición de una orden de protección para la mujer y sus hijos, alegando la existencia de amenazas y mensajes intimidatorios. El menor llegó el 22 de diciembre a España para pasar las fiestas con su madre y relató nuevos episodios de supuestos malos tratos.