Más de 300 jueces denuncian que los refuerzos en violencia de género son insuficientes

Advierten que los refuerzos prometidos por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, «son insuficientes y llegarán tarde». La implantación de la mayor reforma de la justicia en 40 años, la nueva ley de eficiencia judicial, en desarrollo con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, es lo que provoca que en octubre los especialistas en violencia de género instruyan también los delitos sexuales en los que la víctima sea mujer, que son la mayoría. Sin embargo, el cambio se hará antes de que en diciembre se pongan en marcha los nuevos tribunales de instancia.

Los firmantes recuerdan que en marzo ya advirtieron de las «nefastas consecuencias» que podían derivarse de la «ampliación de la competencia de estos órganos para, entre otras cuestiones, conocer en el ámbito penal, de los delitos como agresiones sexuales, mutilación genital femenina, acoso con fines sexuales, o trata de personas con fines de explotación sexual, con independencia del vínculo entre la víctima y el agresor«, peraba el ámbito en el que nacieron estos juzgados, dado que el ámbito de estos órganos era abordar la violencia de género en las relaciones de la pareja o expareja.

Después de aquello, recuerdan que el ministro Bolaños anunció que se crearían más de un 50 % de las plazas destinadas a violencia sobre la mujer con un aumento de recursos donde fuera necesario. Sin embargo, las plazas prometidas «no son ni mucho menos ese 50% que se anunció: son muchos los partidos judiciales donde nada se crea, en otros se crea una plaza, a cambio de agrupar partidos judiciales -con lo que ello supone en cuanto a desplazamiento de las víctimas-, y de las grandes capitales, tan solo en Madrid se crean tres plazas, mientras que en Barcelona, Málaga y Sevilla, solo se crea una, y en Valencia, ninguna». En Granada, estos refuerzos se traducen en un juez más para la capital y otro para Motril.

Las plazas creadas no estarán disponibles si no se constituyen antes los Tribunales de Instancia, por lo que su entrada en funcionamiento se aplazará hasta que exista la correspondiente Oficina Judicial. «Es decir, que el día 3 de octubre de 2025 no habrá ese 50 % de jueces más, con total y absoluta seguridad, y el día 31 de diciembre de 2025, que es la fecha de entrada en vigor, con elevada probabilidad, tampoco estarán, porque no se habrán creado esos Tribunales de Instancia, y, por lo tanto, tampoco esas plazas adicionales que se vinculan a los mismos. Porque donde no hay Tribunal de Instancia, tampoco habrá plaza de nueva creación, o, en su caso, de reconversión», denuncian.