¿Cómo se lucha en Granada contra los grafitis en monumentos?

La Fiscalía Superior de Andalucía cuenta desde 2009 con una Unidad Adscrita de Policía Judicial destinada a luchar contra las pintadas en bienes e inmuebles protegidos, una experiencia pionera que servirá para aunar protocolos de actuación.

La memoria de 2015 de la Fiscalía Superior andaluza, a la que ha tenido acceso Efe, recuerda que la Unidad realiza desde entonces informes periódicos sobre el estado de los BIC y ha creado una base de datos con más de 3.000 fotografías y decenas de tablas de registro para esclarecer los delitos contra estos edificios.

Durante el pasado año, esta línea de colaboración entre la Fiscalía y los cuerpos de seguridad realizó inspecciones en 74 edificios con expedientes abiertos y ha concluido que en 2015 se ha mantenido el número de delitos contra este patrimonio, aunque "ha bajado el impacto visual".

Según la titularidad de los BIC, la memoria de la Fiscalía resalta que han aumentado las agresiones a edificios cuya propiedad de la Iglesia y congregaciones religiosas y se ha mantenido en los bienes de la Junta, la Universidad de Granada y la Diputación.

La Fiscalía ha recordado en su memoria que la unidad adscrita impulsó con un informe presentado ante la Comisión de Garantías de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el alto tribunal aprobara el proyecto del Ayuntamiento de Granada para instalar seis cámaras en cinco puntos estratégicos del Albaicín.

El proyecto, ideado para preservar este barrio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y con una proliferación de grafitis, fue impulsado por el anterior gobierno local, liderado por el exalcalde José Torres Hurtado (PP), aunque no se ha materializado de momento.

Los grafitis o pintadas sobre bienes protegidos o considerados bien de interés cultural pueden ser tipificados como falta cuando sus daños no superan los 400 euros o bien como delito contra el patrimonio si sobrepasan esa cantidad, lo que puede ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multas.