De la 'Operación Nazarí' ¿a la 'Operación Fiscal'?

Cuando la política y la justicia colisionan, saltan chispas y llamaradas. Esos ruidos y fuegos contrastan con lo que sucede cuando el investigado o imputado es un robagallinas. Lo que indicaría que todos somos iguales ante la ley, pero algunos más que otros... Pero esa es otra historia (o no).

Lo cierto es que De La Mata no es el primer jurista -ni será el último- cuya imparcialidad ha sido puesta en tela de juicio por meterse en las arenas movedizas de la política. Antes le pasó, y es sólo un ejemplo, a la jueza Mercedes Alaya, conocida por su instrucción del 'caso ERE', y de la que el ex presidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, llegó a decir que ponía en sus resoluciones lo que decía el PP.

El resultado de esas prácticas es que, al final, la atención acaba desviándose de lo que debería ser el asunto principal, el presunto chanchullo en cuestión, para fijarse en los encargados de administrar justicia. Y en ese territorio incierto resulta complicado discernir el bien del mal y todo se confunde: nacen bandos a favor y en contra de unos y otros, y el debate jurídico-político termina convertido en una especie de 'Sálvame'.

La 'Operación Nazarí', que se saldó con la detención, entre otros, del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y de su exedil de Urbanismo, la también 'dimitida' Isabel Nieto, ya se ha adentrado por esos derroteros. Bueno, en realidad, lo estuvo desde el principio, porque a los arrestados, y esto es natural y comprensible, no les agradó verse en esa situación y fueron muy críticos con las fuerzas de seguridad, la jueza que lleva la investigación y la fiscalía.

A propósito del ministerio público, y conviene detenerse en ello, la Fiscal General del Estado -nada más y nada menos- hizo pública una 'inusual' nota horas después de que se produjera la 'Operación Nazarí' en la que advertía de que se había opuesto a la detención de Torres Hurtado y al registro de su vivienda, una 'puntualización' que el exregidor aprovechó para decir que había sido víctima de un arresto ilegal.

Después, Torres Hurtado -y aparte del día que prestó declaración ante la magistrada que lleva el caso- fue desapareciendo de la escena hasta caer en el mutismo. Incluso, pasó de la virulencia inicial a excusarse con el argumento de que él no conocía al detalle los asuntos que -concejala y técnicos- aprobaban en el área de Urbanismo.

En este sentido, ha sido Isabel Nieto la que ha cogido la bandera del presunto agravio y se ha concentrado en 'fustigar' a la fiscal encargada de la investigación, Sara Muñoz-Cobo, lo cual no deja de resultar paradójico, porque el ministerio público, como se ha dicho más arriba, salió en 'defensa' de Torres Hurtado al cuestionar la oportunidad de su detención.

Sea como fuere, Nieto -sin nombrarla- ha cargado con una dureza inusitada contra la fiscal de Medio Ambiente. En un artículo publicado en el 'Confidencial Andaluz' -un medio digital-, la exedil llega a decir que Muñoz-Cobo «ha montado» una «macrocausa» para «quitar de en medio al alcalde de Granada. Nieto también atribuye a Muñoz-Cobo un «exceso de interés en buscar pruebas, o incentivar a testigos» y le acusa de perseguir «el estrellato».

¿Un simple desahogo o un intento de convertir la 'Operación Nazarí' en la 'Operación Fiscal'?

Fuentes jurídicas consultadas por IDEAL, indicaron que en el escrito de la polémica hay, presuntamente, materia para que la afectada se plantease la posibilidad de emprender acciones legales contra la exconcejala de Urbanismo. No obstante, los medios consultados también agregaron que, en España, la justicia, en general, da un trato «muy generoso» a la libertad de expresión y no es fácil que prospere una denuncia de este tipo.

En cualquier caso, si Muñoz-Cobo decidiera finalmente presentar una querella contra Nieto eso supondría que, de inmediato, tendría que abandonar las investigaciones que afectan a la exedil, esto es, la 'Operación Nazarí' y el 'caso Serrallo'.

Curiosamente, en su artículo, la propia Nieto abogaba porque la fiscal de Medio Ambiente se apartara de los asuntos que le afectaban a ella. Sería «la mejor opción».

Como quiera que los miembros del ministerio público, a diferencia de los jueces, no pueden ser recusados -aunque deben abstenerse si tienen algún interés directo o indirecto en una causa-, puede haber quien intente la 'auto recusación' de un fiscal 'provocándole' para que se querelle.

Otra forma de deshacerse de un fiscal 'incómodo' sería acudir al superior jerárquico para que ordene a aquel que no siga interviniendo en el proceso, pero una decisión de ese calibre habría que explicarla muy bien porque podrían surgir suspicacias, por decirlo suavemente.

Para algunos, Sara Muñoz-Cobo se ha convertido en una fiscal incómoda. Lo era antes de la 'Operación Nazarí'. De hecho, mucho más avanzada que la investigación sobre la supuesta trama urbanística están las diligencias sobre la construcción de la discoteca del Serrallo en una zona verde. Un caso, este último, que desde que la Udef entregó su último informe a mitad de marzo está a un paso de que se cierre la instrucción. Dentro del ministerio fiscal hay quien piensa que quizás ayudaría a serenar las ánimos que se diera ya ese paso definitivo.

Lo que es evidente es que la fusión entre la política y la justicia causa disturbios. Ya se sabe que no es bueno mezclar.