La 'urba' El Serrallo quiere ser barrio
Una serie de litigios judiciales entre propietarios dirime la apertura de calles a Bola de Oro
Javier F. Barrera
Martes, 17 de mayo 2016, 01:27
La urbanización el Serrallo quiere ser un barrio. Pero también hay vecinos que pretenden que siga siendo un cortijo en el que se mantenga el ... statu quo imperante desde hace cuatro décadas. Los desencuentros se vienen produciendo desde hace cuatro años. Van desde el pago de las cuotas del agua hasta la limpieza de las calles y el mantenimiento de los parques, la instalación de contenedores de reciclaje o el costo de la iluminación de las calles.
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También hay un vivo debate sobre el aislamiento de esta urbanización. Hasta hace un par de meses, sólo había una entrada posible de las seis que marca el plan parcial municipal. Si la primera está custodiada por la noche por un servicio de vigilantes jurados, las otras cinco están, sencillamente, bloqueadas. Hasta que hace dos meses se ordenó la apertura de una de ellas, de modo que ahora hay dos abiertas y cuatro cerradas.
Estas desavenencias han terminado en los tribunales bajo la forma de querellas, contenciosos administrativos, juicios civiles y todo tipo de denuncias, presiones e intervenciones de las administraciones con competencias sobre estos temas, desde el Ayuntamiento hasta la Junta de Andalucía. También es un caso completamente politizado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con declaraciones cruzadas de todo tipo, de tono elevado las más de las veces.
El debate, en el fondo, es sencillo. Lo que se dirime es si la urbanización El Serrallo es privada o es pública. Es decir, que sin tener en cuenta las viviendas escrituradas, con sus respectivos propietarios legales, unos vecinos defienden que las calles son privadas y el otro bando que son públicas. De esta forma, la paradisíaca zona residencial se ha convertido en un avispero de rencillas vecinales y procesos judiciales entre quienes buscan mantener el statu quo y los nuevos pobladores.
Lejos de entrar en la maraña legal que se ha creado durante todo este tiempo, los testimonios de los afectados sirven para detectar que, al menos, hay contradicciones evidentes. La consideración de zona pública o privada supondría, según las declaraciones recogidas entre el vecindario, que la limpieza y mantenimiento de las calles y los parques, las zonas verdes, tendrían que correr a cargo del Ayuntamiento de Granada, es decir, de Inagra, como en el resto de la ciudad.
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Sin embargo, el mantenimiento y limpieza de la urbanización corre a cargo de unos empleados contratados por la propia urbanización, a la que se refieren como 'la Comunidad'. La contradicción, defienden los que quieren que Inagra se haga cargo de las calles y parques para además ver reducida así la cuota que pagan mensualmente, es que el servicio de recogida de basuras lo realiza Inagra. Es decir, que Inagra vacía los cubos de basura pero no limpia ni las calles ni los parques.
Hay más ejemplos. En la urbanización El Serrallo las calles son privadas, pero, a veces, se transforman en calles públicas como por arte de birlibirloque. Por ejemplo, hay que pagar el correspondiente canon al Ayuntamiento de Granada para disponer de un vado. Los afectados se preguntan: «¿Por qué tenemos que pagar una tarifa al Ayuntamiento por un vado si las calles son privadas?». Siguen a la espera de una respuesta.
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La guerra del agua
La urbanización El Serrallo también vive en medio de una guerra del agua, por los saneamientos y por su consumo. Aquí, el lío judicial es ya proverbial. Si empezamos por el final, el último decreto del Ayuntamiento de Granada es del 9 de marzo de 2016. Exige a Emasagra la identidad del jefe de obras para la entrada de Emasagra para el abastecimiento y saneamiento de agua en El Serrallo. Es un paso más en la lucha para que el Ayuntamiento preste sus servicios en la urbanización, defiende los vecinos afectados.
Explican que «el anterior decreto obligaba a Emasagra a prestar servicio en El Serrallo, pero se ha ralentizado por un contencioso-administrativo por parte el CIT (Centro Interés Turístico El Serrallo) siglas bajo las que se encuentran los grandes parcelistas, también llamado 'la Mancomunidad', o 'Comunidad de Propietarios El Serrallo'. También se declaran herederos de Projisa, la empresa originaria que dio a luz a la urbanización El Serrallo y que ya desapareció. Con esta última maniobra buscan declararse propietarios de los dominios que son públicos, como por ejemplo, los parques», denuncian.
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Por citar algunos flecos de esta guerra del agua, añaden que «además del contencioso-administrativo, solicitaron (los otros vecinos) medidas cautelares para paralizar la ejecución del decreto. La jueza accedió porque no había peligro de salud pública. Pero el TSJA a instancias de nosotros, rechazó las medidas cautelares».
¿En qué estado se encuentra entonces esta urbanización respecto a la prestación del servicio del agua? Con este último decreto municipal Emasagra está dando los pasos administrativos para entrar y tomar el control del agua en El Serrallo, de forma que «el siguiente paso, que creemos que va a ser inminente, que los vecinos contraten con Emasagra el servicio de agua y se les ponga un contador. Esto implica una nueva red de agua y de saneamiento. Supone que el pozo y los coeficientes y 'los abusos' como dijo la jueza, pasen a la historia».
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Se refieren los vecinos a «los privilegios» que tenían los primeros pobladores, unos cincuenta de los 350 vecinos de esta urbanización, «que tenían el agua de un pozo privado en terreno público que suministraba el agua a todas las viviendas, que se pagaban por cuotas y que les permitía tener el agua regalada. Todo un privilegio».
Un ejemplo. El residencial Nazaríes tenía asignado un coeficiente del 13% y la jueza lo dejó en un 3,8%. «Estas cuotas eran las que se utilizaban para cobrar el agua, en vez de por consumo, que es como marca la Ley, con lo que muchos pagaban el agua de pocos», critica Balbino Uribe, presidente de la comunidad de propietarios y portavoz de una de las partes enfrentadas.
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La seguridad y los accesos
Una vecina de la urbanización dejó bien clara la situación de la seguridad y los accesos a la urbanización El Serrallo en una Carta al Director publicada en estas páginas: «Soy vecina de Granada y vivo en la urbanización el Serrallo, cuyas calles, aceras y zonas verdes son de propiedad pública, es decir que cualquier persona puede pasear por sus calles como si lo hiciera por la avenida Cervantes, la calle Recogidas o Alhamar. Sin embargo, esto no es así. Todas las noches hasta el amanecer guardias jurados se apostan a la entrada de la urbanización para controlar quién entra y quién sale como si no existiera policía en la ciudad ¿Se imagina entrar por Gran Vía y que fuera controlado por un guardia privado? No solo es realmente patético y ridículo recibir un saludo al estilo militar cada vez que a uno se le ocurre llegar o salir de casa al anochecer es que además esto cuesta la friolera de 90.000 euros al año que los directivos de la Mancomunidad del Serrallo deciden gastar alegremente». Y se preguntaba: «¿Por qué tengo que pagar una seguridad privada si vivo en una calle publica de Granada?».
Su pregunta sigue esperando una respuesta, aunque, bien es cierto, hay novedades que colocan el servicio de seguridad privada en el disparadero. Estos vigilantes corren a cuenta de la Mancomunidad, que los financia a través de la tan traída y llevada cuota. El servicio se presta desde las 23 a 7h y es un lento declinar. Los vecinos que son contrarios a que haya un servicio de seguridad privada y que abogan porque patrulle la Policía Local como por cualquier otro lugar de la ciudad, cuentan que «antes había valla, y ya no hay valla». «Antes había también cámaras, y ya no hay videovigilancia. Las han tenido que quitar». De hecho, aseguran, «los guardias no pueden hacer nada. No creemos que tengan autoridad alguna para impedir el paso de nadie por una calle que es pública».
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La Comunidad prefiere no exponer su posición
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José Augusto Dávila es el presidente de la Comunidad. Es una de las partes en esta batalla que se libra en la urbanización El Serrallo. Descuelga el teléfono a la primera. Le solicitamos una entrevista y pregunta «si con letrados o sin letrados». Le explicamos que simplemente le requerimos su punto de vista. Asegura que lo tiene que consultar con sus abogados y que nos devolverá la llamada. Hasta hoy.
Pero, además, vuelve a producirse una contradicción. Los vecinos informan que el plan parcial municipal tenía previstos seis accesos a la zona. Por la calle Aixa Lahorra, a la que se accede por Las Conejeras y que es donde se establece el servicio de seguridad. El parque de la calle Esquivila, que está separado de Bola de Oro por un mallazo y una batería de cipreses. El paso peatonal de la calle Azahara, que tiene una puerta y se abre y cierra a conveniencia, «por lo que si vienes por la noche andando, tienes que dar un vueltón», confía uno de los vecinos. El cuarto acceso es en la parte superior de la urbanización, donde se encuentran los depósitos de agua de la polémica. Ahí se ha levantado la residencia Fray Leopoldo y la calle Zorahaida ha sido cercenada. No se puede cruzar de un lado a otro. El parque central lo conocen como 'la pradera' y limita con el promontorio donde se levanta asimismo los bloques de la urbanización Altos del Serrallo. Otra vez, arbustos y mallazo de obra para impedir el paso.
Por último, enésima contradicción de esta compleja urbanización, recientemente, y también como por arte de magia, se ha retirado la barrera que impedía el paso de peatones y vehículos de la calle Adinamar y, de esta manera, ahora se puede entrar en la urbanización desde Bola de Oro por esta vía, que no tiene ningún tipo de vigilancia de seguridad. Es decir, de los seis accesos, cuatro están cerrados y dos abiertos. De estos últimos, uno tiene vigilancia de seguridad privada nocturna y el otro, a escasos cien metros, no la tiene.
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Y un poco de política
El alcalde, Paco Cuenca, denunció en febrero, en su condición entonces de portavoz del grupo municipal socialista, «la arbitrariedad y la dejación de funciones que impera en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, al dar a conocer que hace varios días se han comenzado a abrir las calles cerradas de la urbanización El Serrallo que son de titularidad pública».
Cuenca recordó que su grupo municipal denunció hace varios meses, junto a algunos vecinos, la situación «irregular» de esta urbanización, «cuyas calles han permanecido durante décadas cerradas porque un grupo de vecinos lo decidió». El socialista apuntó que se desconoce quién ha dado la orden de que se abra la calle Aynadamar y si se abrirán el resto. Paco Cuenca también incidió en que «todo apunta a que la urbanización se encuentra en un «limbo jurídico», que además ha permitido «que durante años se privaticen calles y espacios públicos de todos los granadinos», según los vecinos.
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Limbo jurídico, infierno vecinal o paraíso terrenal, el rapto de lo público en El Serrallo no deja de ser una opereta mozartiana encallada en los tribunales entre piscinas privadas, verdes praderas de yerba, sombra fresquita y raquetazos de tenis sobre la arena batida.
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