La fiscalía pide al Ayuntamiento que limpie de grafitis el entorno de los lugares protegidos

En concreto, fuentes de la fiscalía argumentan que «sería conveniente que se tomaran desde el Ayuntamiento de Granada algún tipo de medidas para la eliminación de los grafitis situados en las inmediaciones de los BIC en cuestión y que producen un gran impacto visual». No es una cuestión baladí. De la evaluación realizada por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía, se desprende que el 47,2% de los 74 BIC granadinos, esto es, casi la mitad, conviven en un radio de 50 metros con pintadas que afean enclaves de gran valor, lo que se conoce como 'impacto visual'.

Mientras las agresiones en la mayoría de los BIC son difíciles de revertir, al tratarse de piedra porosa, la intervención para que los alrededores luzcan un aspecto más 'saludable' es más factible. Basta con tirar de brocha gorda o de agua a presión, según sea el caso, con las cautelas que implica que se traten de espacios igualmente protegidos. Con la comparativa realizada por la fiscalía, se constata que ese impacto visual que rodea a los monumentos y lugares de elevado valor histórico se ha reducido en un 12,8%. Pero aún queda un largo camino por recorrer.

El Ayuntamiento de Granada es consciente de que las pintadas en zonas históricas son un enemigo a batir. Además de haber impulsado un proyecto para la instalación de cámaras de vigilancia en el Albaicín, pendiente de autorización, tiene en cartera un plan de limpieza de grafitis con tres brigadas que pintarán 120 calles en este barrio señero, Sacromonte, San Matías-Realejo y Centro-Sagrario. Aunque estaba previsto que los trabajos arrancaran el pasado otoño, asuntos burocráticos relacionados con la convocatoria de los planes de empleo retrasarán hasta septiembre el despliegue de operarios por los rincones más castigados. Según explicó ayer la concejala de Medio Ambiente, Telesfora Ruiz, la contratación de parados con este fin se iba a realizar a través de una convocatoria de la Junta y, «por una dilación en la convocatoria» que achaca al gobierno andaluz, se tendrá que volver a presentar el proyecto a una nueva convocatoria. Se prevé que eche a andar, una vez la Junta resuelva los expedientes, el 1 de septiembre.

«Lamentablemente tenemos que esperar unos meses pero se mantiene el proyecto tal y como se había planteado», confirmó, al tiempo que recordó que se ha elaborado un catálogo con fotografías y fichas descriptivas del millar de fachadas que recuperarán su estado original. Será necesario contar con el visto bueno de la Consejería de Cultura. «Se va a hacer con mucha cautela», apuntó, por lo que confía en que todas las intervenciones cuenten con los permisos necesarios. Los colores de las pinturas deberán adaptarse a la paleta autorizada en el Plan Especial del Centro.

Otra de las vías de actuación para que los grafitis de entornos BIC pasen a mejor vida son las subvenciones municipales a comunidades de vecinos. Ayer mismo, la junta de gobierno local volvió a aprobar una nueva cofinanciación. El Consistorio pagará el 50% del gasto del adecentamiento de los daños en la comunidad de propietarios de la plaza del Lavadero, que recibirá unos 200 euros para aliviar un gasto a los vecinos que rondará los 500 euros en total. «La cuantía no es demasiada pero lo importante es la colaboración que se crea entre todos. Estos actos vandálicos son un asunto común que hay que frenar», señaló el portavoz del equipo de Gobierno, Juan García Montero.

Cinco solicitudes

El Ayuntamiento granadino comenzó a dar este tipo de subvenciones el pasado junio. García Montero detalló que desde la concejalía de Medio Ambiente se ha ampliado el plazo de solicitud hasta noviembre para que los interesados puedan solicitar estas subvenciones. Hasta la fecha la acogida ha sido más bien fría. Sólo se han recibido cinco peticiones pero se espera que la demanda vaya creciendo y que todas las asociaciones se puedan beneficiar de las aportaciones municipales contra las pintadas.

Sobre los grafitis en los propios BIC, fuentes de la fiscalía señalan que actualmente cuatro de cada diez bienes protegidos presentan pintadas, lo que supone el 41% del total (74), esto es, cuatro de cada diez. «En general, no ha habido ni aumento ni detrimento en 2015; la incidencia ha sido prácticamente nula de una manera global», señalaron las mismas fuentes, que indicaron que al tratarse de un seguimiento anual se supervisa si presentan más o menos pintadas. Esta estadística global no implica, por tanto, que no se hayan producido nuevos daños en algunos inmuebles pero, la eliminación de otros, ha acabado por estabilizar la balanza.

Los grafiteros se cebaron el año pasado especialmente con inmuebles propiedad de la iglesia o de las congregaciones religiosas, donde se registró un 5,9 y un 40% más de presencia de pintadas, al igual que con los lugares protegidos del Ayuntamiento, con un aumento del 12,5% respecto a 2014. Los del Estado, por el contrario, salieron más airosos con una caída del 23,1%.

Las denuncias registradas confirman este mapa de las agresiones contra el patrimonio. En total, en 2015 se registraron 12 denuncias por pintadas en enclaves que gozan de protección, prácticamente todas en bienes de la iglesia o del Estado. De ellos, cuatro atestados fueron relativos a la Muralla Zirí, dos al palacio arzobispal, dos a la Alhambra y el Generalife y los tres últimos al Convento de Zafra, la Catedral y el centro histórico.

En tres de los casos, según las mismas fuentes, hubo detenidos. Sin ir más lejos, el 5 de febrero, ya de este año, un joven, de 25 años de edad y nacionalidad italiana, fue detenido por la Policía Local granadina acusado de realizar un grafiti sobre una muralla declarada BIC en el barrio del Albaicín. Posteriormente fue puesto en libertad con cargos.