El bloqueo del Consorcio de Transporte impide bajar las tarifas y mejorar los buses

Su ausencia bloqueó el principal asunto del orden del día: la adaptación de los estatutos de este organismo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (27/2013), que implica su adscripción a una de las que sean socias y que cumpla una serie de requisitos porcentaje de voto en los órganos de gobierno, aportación económica y otros y que en este caso hubiese sido la Junta de Andalucía. Esta administración, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, tiene también competencias sobre el transporte en la comunidad autónoma.

Esa adscripción es el argumento con el que el PP defiende la ausencia del Ayuntamiento de Granada: cambiar los estatutos es entregar el control del organismo a la Administración autonómica, de la que dependería como una agencia pública más en detrimento del papel que tienen los ayuntamientos granadinos. En definitiva, se apartaría al Consistorio granadino de la toma de decisiones que le afectan directamente en la política del transporte metropolitano. De hecho, desde las filas del PP recuerdan que la intención de la Junta no es otra que hacer que los ayuntamientos paguen el servicio pero no tengan voz a la hora de tomar decisiones.

Desde el PSOE, la interpretación es otra: el PP no quiere que se elimine la vicepresidencia del consejo para que haya quórum y las reuniones del mismo tengan resultados.

Consecuencias

Lejos de suponer un enfrentamiento político más entre el PSOE y el PP, el bloqueo de la renovación de los estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano tendrá consecuencias directas para los ciudadanos si no se encuentra una solución alternativa antes de que acabe el año en curso.

Según ha podido conocer IDEAL de fuentes del propio organismo, el perjuicio para los intereses de los 600.000 potenciales usuarios de los servicios que prestan los autobuses que comunican 33 municipios del Área Metropolitana más otros 18 en los que se aplica también el marco tarifario integrado, entre sí y con la ciudad de Granada, vendrían dados en una doble vertiente. De un lado, porque no se pueden revisar las tarifas de 2016, que en este caso tendrían que ir a la baja pues su evolución está relacionada con el IPC a término de septiembre y el valor de este ha sido negativo. Es decir, los viajeros pagarían menos si se hubiesen aprobado los nuevos precios, siempre en el marco de las tarjetas de transporte.

Tampoco podrán contar con mejoras sustanciales en la prestación del servicio. Como ya diera a conocer IDEAL, las concesiones de las líneas de autobuses se encuentran ya caducadas. Es necesario proceder a nuevos concursos para su renovación por parte de las empresas que quieran concurrir a ellos y las exigencias que se plantearán en los mismos van en relación a la calidad del servicio. Tanto en orden a que cuenten con itinerarios más completos, mejores horarios, más frecuencia en los viajes... como por la renovación de la flota de vehículos, que ha de apostar por autobuses más modernos, menos contaminantes, con mayores medidas de seguridad para los viajeros y con otras ventajas que pueden ofrecer hoy en día. Tales como conexiones para dispositivos de comunicación o información en distintos idiomas.

Presupuesto

Otra cuestión que también queda en el tintero ante la falta de quórum en la reunión del consejo de administración, es la imposibilidad de aprobar el presupuesto de este organismo para el ejercicio de 2016. Según ha podido conocer IDEAL, el montante alcanza los 12,8 millones de euros. El grueso procede de la venta de billetes y recarga de tarjetas, con algo más de 9,6 millones mientras que las administraciones públicas aportan 3,2 millones. De esta última cantidad, es la Junta de Andalucía la que pone sobre la mesa la mayor parte, un total de 2,4 millones, por lo que los restantes 800.000 euros corren a cargo de la Diputación Provincial y los 51 ayuntamientos implicados en el servicio a sus municipios.

El presupuesto incluye también una partida que contempla las aportaciones a realizar a la empresa Metro de Granada por el uso de la tarjeta del Consorcio como medio de pago, como se hace con el resto de las compañías operadoras.

La imposibilidad de sacar adelante las cuentas de 2016, deja también al Consorcio en una situación de incertidumbre pues debería trabajar con un presupuesto prorrogado, con lo que ello supone de limitación en la inversión y de acometer nuevos proyectos. La mejora del transporte, en lo que al Consorcio compete, supone que con el dinero que destina a este capítulo pueda ejecutar obras de mejora de viarios, marquesinas y paradas, especialmente para adaptarlas a personas con movilidad reducida.

Terminada la frustrada reunión del consejo, los representantes de la Junta y directivos del organismo estudiaron los pasos a seguir para desbloquear la situación. Entre ellas, barajaron cuantas acciones judiciales sean necesarias para acabar con el bloqueo que mantiene el Ayuntamiento de Granada, al que han ofrecido cumplir con todas sus exigencias: desde que la sede permanezca en la ciudad hasta evitar cualquier cambio de situación laboral en su personal.