La diferencia de precio entre las VPO y las viviendas privadas no llega al 10%

En Albolote, también en dos promociones de Visogsa, hay viviendas sueltas con adjudicación directa. Y a finales del año pasado, más de 100 pisos protegidos de Loja seguían sin dueño. Nada más aterrizar en Granada capital uno se topa con el edificio Apache del barrio de La Chana, donde aún se anuncian las últimas VPO y garajes de «iniciativa municipal y autonómica a estrenar». Están impecables pisos de dos, tres y cuatro dormitorios y cinco inmuebles destinados a personas con movilidad reducida.

Ya no hay rastro de aquellos sorteos multitudinarios en dependencias municipales o autonómicas donde se reunían las familias que optaban a una VPO y se celebraba con lágrimas que te tocara una casa, que luego había que pagar, pero con buenas condiciones. La crisis ha borrado de un plumazo aquella estampa. Las necesidades de vivienda habían llevado pocos años antes a planificar bloques de VPO de compra. Cientos de estos se terminaron justo cuando arrancó la recesión económica. Tras los sorteos multitudinarios, los promotores vieron una cascada de renuncias. Los compradores no llegaban con sus ahorros o eran considerados insolventes.

Así que mientras el parque de vivienda privada empezó a bajar de precios, las públicas se estancaron y las VPO que no encontraron dueño antes de la crisis se han ido vendiendo con cuentagotas en el mejor de los casos. Las administraciones han dejado de construir, aunque Visogsa sigue adelante tímidamente y a pesar de no vender sus casas en algunos pueblos anunció hace pocos días nuevas promociones en Montefrío, igual que había hecho unos meses antes en Dílar y Pinos Puente.

«Ha habido una falta de flexibilidad de muchas administraciones. Nada les impedía que rebajaran los precios», explica el economista Julio Rodríguez. Y no debe andar muy desencaminado el experto, porque según datos de un informe sobre la materia realizado por elMinisterio de Fomento, hay 12 provincias en todo el país donde las VPO son más caras ahora que las libres de segunda mano: Jaén, Cuenca, Lugo, Lleida, Ciudad Real, Badajoz, Córdoba, Huesca, Orense, Palencia, Teruel y Zamora.

En otras nueve provincias y ahí está Granada la diferencia entre VPO y privada en general es inferior al 10%. Soria, Ávila, Castellón, Valencia, León, Almería, Albacete y Cáceres comparten esta última categoría. En plena crisis, la VPO era de media un 40% más barata que el resto. Ahora eso se ha reducido.

La provincia de Granada tiene alrededor de 5.000 casas nuevas, construidas por empresas particulares y sin vender. De ellas, unas 500 están ubicadas en la capital y tanto a unas como a otras sus potenciales compradores les dieron plantón cuando la crisis empezó a adueñarse de la economía. Esas son las cifras que maneja la Asociación de Constructores y Promotores, con Francisco Martínez Cañavate a la cabeza. No es de extrañar que sus precios estén por los suelos, hasta un 45% menos.

«La VPO ha perdido mucho aliciente por varias cosas, uno porque no se puede transmitir. Y luego, efectivamente, el valor de la vivienda nueva privada ha caído mucho, tanto que en algunos pueblos de la provincia de Granada las casas de promotores particulares son más baratas que las que construyeron entidades públicas. Eso no pasa en la capital, donde apenas queda VPO y aún hay alguna diferencia de precio entre ambas», dice a IDEAL Francisco Martínez Cañavate.

Más aspirantes

A fecha 31 de enero de 2015, en el registro de demandantes de vivienda protegida del municipio de Granada, estaban dadas de alta 2.508 personas, según datos del programa Vivienda en Red, redactado por tres entidades sin ánimo de lucro, Prohábitat, Provivienda y Adultos Cartuja. Frente a eso, en mayo de 2014 los inscritos se quedaban en 1.500, casi un millar menos.Los solicitantes han subido en un año. No obstante, Martínez Cañavate advierte de que esos datos están engordados porque no se tramitan las bajas de quienes ya no están interesados en una VPO o de quien ha emigrado fuera de la provincia en busca de un futuro mejor.

De esas más de dos mil persona alistadas a principios de 2015, el 41% solicitaba alquiler, el 34% alquiler con opción a compra y sólo el 23% vivienda en propiedad. A estos últimos no les convencerían o convendrían las aún libres en el edificio Apache de La Chana o tal vez no cumplieran los requisitos. El 39% de las solicitudes eran de menores de 35 años, el 36% de menores de 50 años, el 15% menores de 65 años y el 8% mayores de 65 años.

La Junta lo colocó todo

La Consejería de Fomento y Vivienda puso en marcha en 2013 una iniciativa encaminada a agilizar la adjudicación de las VPO en venta y desocupadas construidas por el gobierno autonómico, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), con el fin de lograr su ocupación. Aquel plan de acción consistió en cambiar de venta a alquiler la calificación de los inmuebles para poder ofrecer así a los adjudicatarios condiciones más asequibles.

127 viviendas protegidas de promoción pública se encontraban sin adjudicatario en la capital de Granada cuando se puso en marcha la iniciativa y en la actualidad según datos de la Junta de Andalucía ya se han asignado todas menos dos en el barrio de Almanjáyar.

«Las adjudicaciones se han realizado a través de los registros municipales de demandantes de vivienda, que son la herramienta fijada en la comunidad andaluza para este tipo de inmuebles», aclaran desde la Consejería de Fomento.

La Junta mantiene en la provincia un parque residencial de casi 7.000 inmuebles públicos 3.666 en la capital, que dan solución habitacional a familias sin recursos y en riesgo de exclusión. Con carácter general, estas viviendas están ocupadas, de forma que no existen casas vacías. Las que se encuentran puntualmente desocupadas lo están como resultado de la rotación natural, por causas como el fallecimiento de su titular, por traslado de los inquilinos o por reparación integral, en cuyos casos la administración los vuelve a poner a punto para una nueva adjudicación. Sea como sea, estas últimas no se venden.