La fiscalía critica la pasividad de los ayuntamientos con las obras ilegales

Las conclusiones de la mencionada reunión se han conocido ahora y no tienen desperdicio. Aunque en las mismas se ponen de manifiesto los importantes avances que se han producido desde que esta conductas contra el territorio fueron tipificadas hace una década como delitos en el Código Penal, Defensor y fiscalía exigen una mayor implicación de las autoridades y funcionarios locales para impedir la comisión de tales hechos y sus consecuencias y un mayor grado de colaboración de tales autoridades y funcionarios con la administración de justicia.

Su mayor preocupación es que todavía, «y de manera injustificable», continúan edificándose viviendas aisladas en este suelo no urbanizable, sin licencia y sin que puedan ser autorizables. La persistencia de estas conductas delictivas conlleva cada vez con más frecuencia a que los tribunales adopten resoluciones que comportan, en algunos supuestos, la demolición de los inmuebles.

Defensor y fiscalía consideran que la única vía para evitar que en el futuro se dicten resoluciones de demolición de viviendas pasa porque la sociedad civil asuma que la voluntad del legislador es proteger este suelo frente a sus agresiones y que los ayuntamientos ejerzan sus responsabilidades cuando tengan conocimiento de que se ha comenzado una obra ilegal.

De hecho, los asistentes a la reunión granadina consideran que la pasividad de los ayuntamientos a la hora de reaccionar ante la ejecución de obras y edificaciones ilegales en el suelo no urbanizable no admite justificación, dada la claridad con la que aparecen tipificadas estas conductas y los medios disponibles para detectar su comisión.

«De acuerdo con lo anterior, creemos que los municipios deben contar con planes locales de inspección como instrumento que facilite el seguimiento y reacción frente a las eventuales infracciones que se puedan cometer en este tipo de suelo», apostillan las entidades representadas por Jesús García Calderón y Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

Ambos también censuran que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía «venga justificando la falta de colaboración en la ejecución de las sentencias por el hecho de carecer de consignación presupuestaria para esta finalidad». Lo anterior se produce cuando los jueces o tribunales, motivadamente, ordenan, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones a terceros de buena fe.

«Consideramos que esta situación la de que la Junta no contemple dinero para este fin debe ser modificada a la mayor brevedad posible y, previos los trámites legales oportunos, generar crédito presupuestario a fin de que, en los supuestos que proceda, la administración autonómica preste la necesaria colaboración en orden a la ejecución de las sentencias», concluyen fiscalía y Defensor del Pueblo Andaluz.

La Fiscalía de Granada reseñó en su último informe anual que no se están ejecutando las sentencias condenatorias a demolición con rigor, a consecuencia de las permanentes alegaciones a una posible legalización de la construcción, petición de plazo, solicitud de indulto, etc.