Inician la segunda parte de la 'operación Edu' con 500 alumnos citados a declarar

La primera fase, que se centró en las ayudas concedidas en Málaga a 17 sociedades, dos de ellas de Granada, por un importe de 1,5 millones de euros, se saldó con 42 detenidos, cuatro de ellos de Granada (la mayoría, titulares de academias o autónomos, dos de Albolote y otros dos de Guadix) y 250 testigos, de los cuales 215 habían sido alumnos de los cursos bajo sospecha. La Policía Nacional tiene previsto tomar declaración en Granada a quinientos jóvenes en calidad de testigos y de damnificados de los cursos de formación. A muchos de ellos les prometieron ser contratados tras superar el periodo de formación y después se quedaron en la calle sin trabajo.

Los investigadores extendieron el horizonte de Edu al resto de la región, ya que descubrieron irregularidades en otras provincias. El mapa del caso, en esta segunda fase, alcanza a casi toda Andalucía, salvo Sevilla, como ayer adelantó Vozpópuli, que cifra en 25 millones el montante del presunto fraude que ahora se investiga.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están esta semana en las siete provincias donde se desarrolla el operativo para interrogar, en colaboración con las brigadas locales de Policía Judicial, a más de 3.000 personas que asistieron a los cursos bajo sospecha, quinientos de ellos pertenecen a Granada, según pudo saber este periódico de fuentes consultadas.

En Granada, Almería y Jaén tomarán declaración a unos 1.500 exalumnos de estos cursos. En el caso de Málaga, los interrogatorios a los damnificados están muy avanzados y, de los 330 previstos en esta nueva fase de la operación, apenas quedan 60, según informaron fuentes próximas a la investigación. En Granada, los cien primeros pasaron ayer por la mañana por dependencias de la Jefatura de Policía.

La hoja de ruta del caso será la misma que se siguió en la primera tanda. Una vez que se recaben los testimonios de los alumnos, los policías tomarán declaración a los profesores de esos cursos. De confirmarse las posibles irregularidades detectadas tras el estudio de la documentación, la UDEF solicitaría a los respectivos juzgados las órdenes de detención de los titulares de las sociedades implicadas.

Las primeras investigaciones, centradas en 17 empresas de formación, permitieron descubrir que algunas de ellas se habían creado días antes de recibir las subvenciones y que otras ni siquiera estaban dadas de alta al percibirlas. Para la UDEF, el incumplimiento del compromiso de contratación fue «generalizado», se hicieron adjudicaciones «a dedo» y la labor de seguimiento y control de la Junta de Andalucía fue casi «inexistente».

Fraude en crecimiento

IDEAL ha podido saber por fuentes próximas a la Seguridad Social y otras consultadas tanto en Sevilla como en Madrid, que en Granada la investigación sobre este fraude no se limitará a lo hecho hasta ahora, sino que crecerá a lo largo de las próximas semanas y, al menos, hay otras seis entidades más, y quizá no solo en el ámbito de las academias, que podrían estar en el punto de mira de la investigación.

Las fuentes consultadas por IDEAL consideran que el volumen del fraude alcanzado en Málaga seguramente sobrepase con creces al de Granada. El resultado de la investigación en nuestra provincia, de momento, se queda con cuatro detenidos que recibieron medio millón de euros por año para acciones formativas. Estos cuatro empresarios sumados, como mínimo, a la posible investigación sobre otras seis entidades más, elevaría a diez las sociedades investigadas, en un caso que no deja de engordar conforme avanza.

Otro matiz importante es señalar que en este caso se ha empezado por investigar a los posibles receptores de las ayudas, pero la lupa de la investigación avistará, seguramente, escalones más altos del presunto fraude.

Los cargos imputados contra los detenidos tanto de Málaga como de Granada se suelen repetir en casi todos los casos: fraude en la obtención de subvenciones públicas, apropiación indebida, falsedad documental y otros delitos contra la Seguridad Social, a tenor de lo que ha trascendido.

La investigación de este caso surgió tras las presuntas irregularidades detectadas por la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga el pasado año y a partir de ese momento se desarrolló una primera parte centrada principalmente en Málaga y en la que apareció un primer listado con las empresas vinculadas a este supuesto fraude, entre las que figuraba una academia granadina especializada en acciones formativas destinada a la hostelería, una empresa que impartió cursos tanto en Granada como en Málaga y en Cádiz.

A principios de este año, la policía solicitó a la Junta encargada de canalizar las ayudas otorgadas a las academias a través del Servicio Andaluz de Empleo la documentación correspondiente a esos cursos. Los agentes comenzaron a mirar con lupa cada una de las adjudicatarias. Fue entonces cuando detectaron que Málaga no era la única provincia donde algunas de ellas habían solicitado subvenciones. En estos momentos las ocho provincias andaluzas están involucradas en el fraude.