El ex alcalde de Turre pudo prevaricar al dimitir antes de una moción de censura

En el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Vera, dictado el pasado día 18 y al que tuvo acceso Europa Press, su titular Otilia Fornieles señala que existen "motivos suficientes" para atribuir a los dos ediles la perpetración del citado delito y resuelve dar traslado a fiscal y partes personadas de las actuaciones para que soliciten en diez días la apertura de juicio oral, con la formulación de escrito de acusación, o interesen el sobreseimiento de la causa.

Para evitar la moción

Arturo Grima ocupó la Alcaldía de Turre desde junio de 2007 a enero de 2008 en minoría con cuatro concejales frente a seis que sumaban el PSOE e ICT, una escisión derivada de discrepancias en el seno de la Agrupación municipal socialista. A los cuatro días de que ambas formaciones registrasen una moción, Grima presentó su dimisión en un intento, al parecer, por frenar la iniciativa que mandaba al PP a la oposición.

El segundo de los imputados en la causa, Ramón López, pasaba el 8 de enero a ocupar en funciones el cargo de primer edil de la localidad del Levante provincial y ordenaba la celebración de una sesión plenaria, calificada de "ilegal" e impugnada por el PSOE, apenas un día antes de la convocatoria extraordinaria para ejecutar la moción y con el único punto en el orden del día de elección de un nuevo alcalde.

No obstante, la moción de censura finalmente prosperó el 19 de enero de 2008 con la asistencia de los once concejales de la corporación local y significó el nombramiento como máximo responsable del equipo de Gobierno al socialista Francisco Ortega como alcalde mientras que el líder de ICT accedía a la primera tenencia de Alcaldía.

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Turre, tal y como explicó en rueda de prensa el alcalde, Francisco Ortega, interpuso denuncia contra Grima y López al considerar que ambos intentaron que no se debatiese la moción de censura firmada por los ediles de la oposición y se "dedicaron a poner continuos obstáculos" para que ésta finalmente no se ejecutase al tiempo que "vulneraban" los derechos de los concejales que la suscribieron.