La secretaria de Almuñécar obliga a Benavides a colaborar con la Justicia

Lo cierto es que, finalmente, el gobierno municipal de Almuñécar se ha dado por aludido y, en una comisión que celebraron el pasado 26 de mayo, tomó «conocimiento del malestar de la secretaria» porque no se cumplían los plazos dados por tribunales y fiscales para aportar documentación sobre operaciones urbanísticas del propio Ayuntamiento que están bajo sospecha.

El «malestar» de la funcionaria debía ser elevado porque el gobierno de Benavides se autoimpuso un ultimátum, improrrogable, de un 24 horas para ponerse al día. Las fotocopiadoras echaron humo y más de uno tuvo que ir a trabajar por las tardes para localizar los papeles y ponerlos a disposición de la Justicia.

Zafarrancho

El zafarrancho afectó a áreas como la de Urbanismo o Contratación, entre otras.

El inusual 'puñetazo en la mesa' de la secretaria ha confirmado otro secreto a voces: que el Ayuntamiento de Almuñécar tiene pleitos para dar y regalar.

Entre la documentación requerida por la Fiscalía y los juzgados, y que no acababa de ser entregada, había expedientes referidos a la Urbanización Citalsol, un complejo hotelero situado en el paseo de Cotobro, la concesión de las gradas para el estadio municipal, la construcción de los aparcamiento del Altillo y la Avenida Rey Juan Carlos, la licencia concedida al hotel Bahía de Almuñécar o sobre la infinidad de modificaciones 'puntuales' del Plan General acordadas por Benavides y su equipo.

Para el grupo municipal socialista de Almuñécar, el funcionamiento del Ayuntamiento sexitano es un despropósito. «Presuntamente, se puentea a la secretaria y no se da información ni a los jueces ni a los fiscales. Claro, luego vienen las prisas para evitar que les empapelen.

Este Ayuntamiento necesita luz y taquígrafos para que se aclaren todas las supuestas irregularidades que se están cometiendo», dijo Francisco Prados, portavoz socialista en el Consistorio de Almuñécar. El PSOE recuerda, en este sentido, que el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, dijo en 2005 que el regidor sexitano había logrado un récord negativo ese año: fue el alcalde andaluz que más trabas puso a la labor investigadora, en materia urbanística, del Defensor del Pueblo autonómico. A pesar de los apercibimientos, Benavides siguió en sus trece. Ahora no.