El Gobierno eleva su oferta de subida salarial para los funcionarios al 11% en cuatro años
UGT acepta la «última» propuesta y CC OO se lo piensa, mientras CSIF exige que se eleve el tope del 4% para 2025 y 2026
El Gobierno puso este jueves encima de la mesa 2.000 millones de euros más para los funcionarios con el objetivo de desatascar la negociación ... y llegar a un acuerdo. Y está más cerca de alcanzarlo que el día anterior, puesto que UGT está conforme con la nueva cifra y CC OO es proclive también, aunque aún no lo ha decidido, aunque CSIF advierte de que «aún es insuficiente» y seguirá batallando por una mejora.
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El Ministerio de Función Pública ha elevado, aunque mínimamente, la oferta salarial para los más de 3,5 millones de empleados públicos. Se trata de un incremento del 11% a repartir en cuatro años (2025-2028), es decir, un punto más que el 10% fijo que propuso la víspera. No obstante, la subida para este ejercicio (que se abonaría ya en 2026 de forma retroactiva) y el próximo se mantiene en un tope del 4%, puesto que el Ejecutivo sostiene que no puede superar el techo de gasto.
Esto último es precisamente lo que menos les gusta a los sindicatos: un alza más moderada para estos dos primeros años que aboca a los empleados públicos a una nueva pérdida de poder adquisitivo. Y es que la inflación ya está en el 3,1% con datos hasta octubre y el que viene se estima que rondará el 2,4%, con lo que podrían perder cerca de punto y medio de capacidad de compra.
Así lo denunció CSIF tras la nueva reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública, la organización que se mostró más beligerante con la nueva propuesta: «La oferta sigue siendo insuficiente porque condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo que se acumula a lo perdido desde los recortes de 2010», que cuantifican en cerca de un 20%. No obstante, valoraron el punto adicional ofrecido por el Ejecutivo y le emplazaron a «poner el acento» en la subida de 2025 y 2026 «por seguridad jurídica».
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UGT, sin embargo, ya da por buena una propuesta que el Ejecutivo ha calificado de «última y definitiva». Así, tras un debate interno, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, aceptó a última hora de la tarde ese 11%, si bien hizo hincapié en que el aumento terminaría siendo del 11,5% con los deslizamientos de actualización de tabla. En todo caso, pide que se cargue «el máximo posible de subida fija» en el año 2027, para tratar de suavizar la pérdida de poder adquisitivo generada por ese 4% de 2025 a 2026, su principal reclamación en la negociación. En este sentido, la sindicalista desveló que la propuesta del Gobierno implicaría un 5% de incremento fijo, sin variable de ningún tipo, en enero del año 2027, lo que supondría que «en prácticamente 13 meses» los salarios de los empleados públicos subirían un total del 9%.
Otras mejoras laborales
En esta misma línea, el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo, se mostró cercano al acuerdo al entender que la oferta inicial se había mejorado en 2.000 millones de euros. También porque ve el pacto final en su conjunto y, por tanto, no solo incluye la subida salarial, sino una serie de mejoras en materia de empleo y derechos de los empleados públicos como, por ejemplo, agilizar las oposiciones, la jubilación parcial y la jornada laboral de 35 horas.
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Pese a que la secretaria de Estado les aseguró «que no hay plan B» y les emplazó a dar una respuesta a los negociadores, desde CSIF no dan la batalla perdida. Así, advierten de que seguirán negociando por sacar otra mejora en la nueva reunión que se celebrará el lunes, aunque también volvieron a amenazar con «salir a las calles» si no se aumenta ese 4% para los dos primeros años.
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