Sidenor responde que «ha puesto en manos de sus abogados» la investigación sobre Jainaga

En una escueta nota, Sidenor recuerda que el 1 de julio suspendió todas las relaciones comerciales con Israel, tras la decisión del Gobierno de España en abril de suspender los contratos de material de defensa con ese país. Así, aquel día la empresa siderúrgica mandó un comunicado en el que anunciaba esta medida y precisaba que supondría perder un 0,5% de su facturación, 4,7 millones de euros sobre unos 938 millones.

El anuncio tuvo lugar después de denuncias de sindicatos presentes en la compañía, que alertaron de que ese mismo día iba a salir un nuevo barco desde Barcelona con destino al puerto de Haifa, en la Palestina ocupada, con acero para IMI Systems. Hoy se ha sabido también que justo ese día el juez admitió a trámite la querella presentada por la asociación catalana contra Sidenor por haberse saltado los controles requeridos en material vinculado a defensa.

Aquel buque se canceló y Sidenor puso fin a sus operaciones en el país. En su comunicado de hoy vincula esa decisión con la que tomó el Gobierno español en abril, cuando ante la presión social y política, canceló el contrato de 15 millones de balas que iba a comprar a la misma empresa israelí, IMI Systems, y suspendió la compraventa de armas con el país.

Mucho más tarde, el 23 de septiembre, el Ejecutivo de Sánchez declaró el embargo de armas a Israel, que no estaba vigente en el momento de las operaciones de Sidenor. Pero lo que se denuncia en la querella, e investiga el juez, es si las ventas de acero de la siderúrgica vasca pasaron o no los controles exigidos para el material ligado a defensa. La asociación catalana asegura que no. Señala que así lo atestigua el hecho de que estas operaciones no figuren en el informe del Ministerio de Economía sobre «Exportaciones españolas de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso durante el primer semestre de 2024». Según explican, el acero de Sidenor, al ser especial para defensa y estar dirigido a la empresa israelí IMI Systems, tendría que contar con una autorización previa que dependería del organismo denominado JIMDDU (Junta Interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso). La nota de Sidenor no aclara nada sobre el asunto.