Las claves para que las empresas rentabilicen la contratación pública

Por su parte la delegada de Andalucía de Omawa Huella Ecológica, S.L., impartió una ponencia titulada 'Relevancia de los criterios medioambientales como cláusulas esenciales en los contratos públicos'. La intervención de Vanessa Fernández Ferré, socia abogada y directora del departamento de Derecho Administrativo de HispaColex, especializada en contratación pública, versó sobre 'La contratación electrónica consolidada: Expediente, ENS y nuevas oportunidades para las pymes'.

La experta disertó sobre cada uno de los conceptos claves y puso en valor que la contratación electrónica ofrece a las pymes oportunidades como una mayor transparencia y agilización de trámites. Sin embargo, plantea desafíos como la brecha digital, la capacidad tecnológica y el cumplimiento de los costosos requisitos de seguridad del ENS. Así las cosas, según traslada el bufete en una comunicación que resume las jornadas, la experta recordó que la contratación electrónica consolidada es un proceso completamente digital, desde la publicación hasta la gestión del contrato, que permite a múltiples entidades aunar sus necesidades de adquisición en un único procedimiento. Su uso está plenamente integrado y es obligatorio para todos.

Y a los presentes les contó que el Rol del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el marco normativo que establece la política de seguridad para garantizar la protección de la información y los servicios. Su rol es asegurar la confidencialidad, garantizar la integridad y mantener la disponibilidad de la plataforma. Una novedad esencial es la exigencia de su cumplimiento a las empresas del sector privado (contratistas y subcontratistas) si su trabajo implica el manejo de información pública o datos sensibles.

Protección de datos

Por su parte, Ana Isabel Caballero Ferrer, socia abogada del Departamento de Derecho Civil-Mercantil de HispaColex, especializada en protección de datos, se centró en la 'Protección de datos en la contratación pública: De cláusula obligatoria a elemento estratégico'. Expuso que el marco legal se compone principalmente por el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley

Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la Ley de Contratos del Sector Público. Relató que el principio clave es la responsabilidad proactiva, que exige a la administración aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar la protección antes de cualquier tratamiento.

Tras hablar de diferentes exigencias y artículos sobre la protección de datos, detalló que la administración pública actúa como responsable del tratamiento y debe definir las reglas del juego en los pliegos. El contratista actúa como encargado del tratamiento y, por su parte, debe tratar los datos únicamente bajo las instrucciones del responsable. Advirtió que el incumplimiento grave de estas obligaciones puede llevar a la rescisión del contrato y a sanciones económicas.

Asimismo, contó que a lo largo de las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, se deben integrar los requisitos de protección de datos. Esto incluye la elaboración de una Evaluación de Impacto en la PPDD (EIPD) si existe un alto riesgo, la inclusión de cláusulas de encargo de tratamiento, la limitación del tratamiento a la finalidad definida, y la supresión devolución de datos una vez finalizado el contrato. Claves que las empresas deben aplicar y que deben ser un motor de competencia que fomente una gestión pública más eficiente y que esté adaptada a las exigencias actuales.