Los empresarios, ante la obligación de atender en catalán en toda España: «Es irresponsable y supondrá un sobrecoste»

Mientras se espera el texto definitivo y se aclara el alcance de lo pactado, por ahora se sabe que las compañías con plantillas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de euros estarán obligadas a responder en catalán u otra lengua cooficial a cualquier consulta, queja o reclamación. «Es tan irresponsable como si la UE obligara a todas las empresas europeas a atender en todas las lenguas oficiales de la Unión», denuncia Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Según los primeros datos, la redacción de la enmienda establece que una empresa con sede fuera de Cataluña deberá responder por ley en este idioma a las consultas o reclamaciones que le formule un cliente en catalán. «Se antepone el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial», celebró ayer Junts.

Los empresarios, a la espera de conocer el texto final y de comprobar si continúa su tramitación parlamentaria, se muestran «preocupados por el aumento de la carga burocrática que puede suponer y, sobre todo, por el incremento de los costes y la pérdida de competitividad», señalan fuentes de la patronal a este periódico. Los primeros cálculos realizados por ATA apuntan a una «subida del 1,5 % de los costes laborales para una empresa de 250 trabajadores».

Esta medida afecta a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, de transporte, servicios postales, plataformas audiovisuales, entidades financieras o aseguradoras.

La patronal madrileña ha expresado una postura aún más crítica: consideran «inadmisible que se mezcle la política con las iniciativas empresariales», argumentando que «es fundamental respetar la autonomía de gestión, un rasgo propio de cualquier compañía privada».

En un escenario que describen como de «mayor presión fiscal y aumento de los costes sociales para las empresas», advierten de que la medida obligaría a las compañías de sectores estratégicos de interés público «a ofrecer atención al cliente en catalán, lo que generaría un gasto extra y una pérdida de productividad, algo que, a su juicio, el Gobierno no parece valorar».

A su entender, «lejos de proteger el interés común, el Ejecutivo está interviniendo en la libertad empresarial únicamente para satisfacer a los nacionalistas y mantenerse en el poder. Imponer cargas, trámites, gastos y trabas por motivos puramente políticos es, dicen, inaceptable».

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se asegura que la ley está negociándose todavía con los grupos parlamentarios y, según su titular Pablo Bustinduy, su «voluntad es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales». En este contexto, ha subrayado que la medida afectará sólo a grandes empresas y no a pequeños comercios como «una ferretería».