La Ley de Vivienda enfila su recta final en el Parlamento apoyada solo por el PP

La Ley afronta este último trayecto pero lo hace solo con el apoyo del PP, que con su mayoría parlamentaria garantiza su aprobación, aunque la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se afanó en sacar a la vivienda de la «confrontación» política para trabajar por «diálogo y el acuerdo».

La ley inicia ahora su tramitación en comisión parlamentaria pero, en principio, sin el respaldo de ninguno de los partidos de la oposición, cuyos grupos vieron rechazadas sus enmiendas a la totalidad presentadas en el primer debate.

En el trámite de comisión comparecerán los agentes sociales concernidos en materia de vivienda y los grupos parlamentarios, que podrán plantear sus enmiendas parciales. En las manos del grupo popular estará ahora la capacidad para aceptar enmiendas de la oposición, aunque la consejera resaltó el camino de diálogo seguido para su elaboración con todo el sector y con los agentes sociales implicados con una elevada participación reflejada en las 605 alegaciones recibidas de las que se aceptaron hasta un 80%.

Rocío Díaz subrayó las bondades de la ley que, a su juicio, permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler e incrementar la disponibilidad de suelo para ello.

Según la consejera, «la solución está en aumentar la oferta de vivienda protegida con precios asequibles frente a medidas intervencionistas, además de generar seguridad jurídica».

El PSOE-A sustenta su rechazo a la ley en la premisa de que el proyecto de ley no cumple con el mandato constitucional que consagra el derecho a la vivienda, «ya que no ofrece garantías jurídicas ni económicas y no responde a la emergencia habitacional que vive dicha comunidad autónoma.

Ley vacía de compromisos

Los socialistas defienden una norma con más compromiso ya este texto, lejos de configurarse como una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda, solo recoge meras declaraciones genéricas sin establecer mecanismos jurídicos exigibles ni recursos económicos suficientes que aseguren su cumplimiento».

Vox también cuestionó la norma ya que no responde a los fines que debe perseguir una política de vivienda en el contexto actual, además de no contemplar la protección jurisdiccional de los derechos de los andaluces en materia de vivienda, «convirtiéndola de facto en un proyecto de ley vacío de compromiso».

Por Andalucía se mostró igualmente crítica con la ley al considerar que «no aporta soluciones a los graves problemas que en materia de vivienda que sufre la mayoría social de Andalucía, creando problemas nuevos y multiplicando los estragos de los ya existentes». Según la coalición de izquierdas, «no se reconoce la vivienda como un derecho subjetivo y solo está pensada para los beneficios económicos de una opulenta minoría».

Por último, Adelante Andalucía sostuvo que «la ley está fuera de la realidad y promueve el pelotazo urbanístico para facilitar el negocio», lamentando que «no se hable en ella de frenar los apartamentos turísticos ni de topar los alquileres a las familias que están asfixiadas económicamente».