La Junta requiere a Amama toda la información de la que disponga en medio de reproches de la oposición

De un lado, un Gobierno que considera que está en camino de encausar la crisis tras haber tomado medidas que van desde una reestructuración casi al completo de la Consejería de Sanidad -cambio de consejero y de nombre incluido- y de los protocolos por los que se regía ese programa, además de la aplicación de un ambicioso plan cuyo fin último es reforzar con una inyección multimillonaria todo el sistema sanitario andaluz. Del otro, una oposición que hace una y otra vez las mismas preguntas, no se da por satisfecha con las respuestas y esgrime, desde la izquierda, el diagnóstico de una supuesta privatización de todo el sistema sanitario que no se compadece con los datos de inversión que ofrece la Junta.

En este escenario se celebró el pleno de estos dos días, que se inició el miércoles con un debate presupuestario que se pareció más a un debate monográfico sobre la sanidad y que continuó este jueves con una larga comparecencia del consejero del área, Antonio Sanz, que respondió durante más de dos horas a preguntas de la oposición sobre cuestiones de su departamento; siguió con la sesión de control al presidente donde prácticamente todas las preguntas se centraron en la sanidad, y finalizó con un agrio debate sobre la propuesta de los tres grupos de la izquierda de crear una comisión de investigación sobre el problema de los cribados que fue rechazada con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular. «No queremos convertir este problema en un circo», fue la explicación para la negativa.

Requerimientuo

En medio de este clima, la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) remitió este jueves un escrito a la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama para requerirle «formalmente para que, en el plazo máximo de diez días hábiles», le remita toda la información de la que dispongan sobre los problemas en el programa de cribado.

Desde que comenzó la crisis, en la Junta consideran que la asociación, la principal denunciante, mantiene una actitud hostil hacia la Administración. Primero, negándose a reunirse con el consejero, denunciando una supuesta desaparición de historiales clínicos, optando por la vía judicial y cuestionando permanentemente las cifras oficiales aportadas desde la Consejería sobre cuántas son las mujeres afectadas por el problema.

En el requerimiento, la dirección del SAS hace referencia a que las cifras difundidas por la asociación no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, «generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada».

El escrito recuerda que la asociación participa en la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, que es la que ha trasladado de forma esta información, y señala que el requerimiento se formula con el fin de garantizar la revisión de cualquier posible caso no detectado.

La actuación de Amama es defendida por la la oposición de izquierdas, que ha reclamado sin éxito que la asociación sea convocada al Parlamento durante el proceso de debate en comisión de los presupuestos, a lo que el PP se ha negado.