La Junta reclama al Gobierno que imite su política de agua con trasvases entre diferentes cuencas

Lo hizo durante su intervención en Málaga, en su calidad de vicesecretario general del PP de Andalucía, en un foro sobre agricultura y agua organizado por el PP, donde se preguntó cómo es posible que la Junta sea capaz, sin generar ningún conflicto de conectar el Campo de Gibraltar con la Axarquía «para que tanto unos como otros se puedan auxiliar mutuamente en el caso que haga falta y, sin embargo, por ejemplo, en la comarca de Antequera sea imposible hablar del trasvase de Iznájar?»

Las cuencas andaluzas cuyos ríos solamente discurren por suelo andaluz están bajo competencia de la Junta, mientras que aquellas que sí afectan también a otras comunidades, aunque sea tangencialmente como la del Guadalquivir, están bajo la órbita de la Administración central del Estado. Para Fernández-Pacheco, la diferencia entre las políticas que impulsan una y otra administración son notables. En su opinión, el Gobierno, «lejos de impulsar el Pacto Nacional por el Agua que España necesita, es el impulsor de la guerra nacional por el agua», lo que supone un error ya que la confrontación en esta materia no encuentra beneficiados. En su opinión, «lo único que nos lleva es a un bucle de desesperación, a un bucle negativo que no aporta absolutamente nada».

El dirigente del PP advirtió de que su partido no se cansará de reivindicar algo que considera esencial, un pacto en el que todas las administraciones públicas acuerden llevar el agua al territorio que lo necesite.

En esa línea censuró lo que considera un recorte histórico en la provincia de Almería que quiere ejecutar el Ministerio para la Transición Ecológica con el trasvase Tajo-Segura, «condenando a todo el sureste español a contar con la mitad de agua de la que tiene ahora, en una decisión absolutamente arbitraria, política y en la que solo se ha escuchado una parte».

Fernández-Pacheco insistió en que los trasvases no son un regalo de un territorio a otro, sino la constatación del derecho que asiste a todos los españoles de tener un acceso igualitario a un bien público como el agua. «Eso es algo que el Gobierno de España se tiene que meter en la cabeza y tiene que comprender de una vez si queremos ser capaces de vertebrar el territorio, dar oportunidad y garantizar el futuro a todos los españoles por igual, algo que hoy no tenemos».