La Junta exprime sus cuentas para completar su séptimo paquete de reducciones fiscales desde 2019

Las medidas de reducciones fiscales anunciadas por el Gobierno andaluz para el año próximo suponen el séptimo paquete fiscal aprobado por la Administración autonómica desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta. En estos más de seis años y medio, el Ejecutivo ha aprobado rebajas en todas las figuras impositivas en el marco de sus competencias.

La próxima semana, según adelantó el presidente el pasado viernes, se anunciará con qué medida se completará el paquete que irá incluido en los Presupuestos de la Junta para el año que viene, aunque no se espera que se trate de una iniciativa que tenga un gran impacto en las cuentas de la Administración autonómica. Se sumará, eso sí, a las tres ya adelantadas durante la semana que acaba de terminar: desgravaciones fiscales por gastos veterinarios, de práctica deportiva y de alquiler de vivienda bajo determinadas condiciones.

Teniendo en cuenta el camino que se ha recorrido hasta ahora, los márgenes para continuar por esta senda son cada año más estrechos, pero aún así en el PP no renuncian a seguir bajando impuestos si siguen al frente de la Junta.

Esto es así debido a dos circunstancias. La primera es conceptual o incluso ideológica. En el equipo de Juanma Moreno consideran que cuanto menor es la presión fiscal, más atractivo es el territorio para atraer inversores y residentes y que ello, a la larga, acaba aumentado la recaudación. El presidente no deja de repetir que Andalucía ya es la segunda comunidad con menos impuestos y que aspira a arrebatarle a Madrid la primera posición. La segunda es histórica. Cuando el PP llegó al Gobierno de la Junta, Andalucía era la comunidad con mayor presión fiscal y cambiar de cuajo esa situación, con la promesa de una «bajada masiva de impuestos» se convirtió en el 'leitmotiv' de su carrera hacia el Palacio de San Telmo.

Hoy, desde la Junta no paran de repetir que hasta 2018 Andalucía se encontraba entre las comunidades con mayor presión fiscal y que desde la Junta se ha conseguido darle la vuelta a esa situación.

En el primer año del gobierno de coalición PP-Ciudadanos se aprobaron dos presupuestos. El de ese ejercicio, 2019, y el del año siguiente. En el primero se incluyó una de las medidas estrella, la bonificación al 100 por cien del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la bajada de la tarifa autonómica en el IRPF, en la misma línea de lo ya en vigor en otras comunidades como Madrid, Murcia o Extremadura.

Transmisiones

También se adoptaron sucesivas medidas relativas al impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados (ITPAJD). En el Presupuesto de 2020 se volvieron a tocar tipos de ese tributo y se introdujo una deducción autonómica del IRPF para familias numerosas.

Fueron los primeros pasos de una reforma fiscal estructural cuyo objetivo era aumentar la demanda interna, impulsar, sobre la base de una mayor disponibilidad de rentas, el ciclo económico y atraer fuentes de riqueza hasta entonces deslocalizadas del territorio andaluz.

Desde entonces, en el conjunto del periodo 2019-2025 se ha ejecutado una bajada de todos los impuestos cedidos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y Tributos sobre el Juego. En total, la Junta estima que la presión fiscal se ha reducido en mil millones de euros.

Según las estimaciones de la Consejería de Hacienda, se ha conseguido un ahorro estimado en el Impuesto de la Renta de la Persona Física (IRPF) de 452 euros al año mediante una reducción de la escala autonómica, lo que ha supuesto una bajada en los tipos impositivos aplicables a cada uno de los tramos de renta -de 9,50% a 22,50%, este último para bases liquidables a partir de 60.000 euros-, del que se han beneficiado todos los contribuyentes. Desde entonces sólo presentan escalas inferiores Madrid (9% y 21%), Castilla y León (9,5% y 21,5%) y Galicia (9,4% y 22,5%).

Otra de las medidas adoptadas en relación con el impuesto de la Renta fue la deflactación del IRPF, un término técnico que consiste en ajustar los tramos de ese tributo al aumento de la inflación. Esta medida se adoptó a partir de 2022 para intentar paliar el efecto del aumento de los precios, se ejecutó en dos ocasiones y afectó a los tres primeros tramos con un 4,3%.

También con el IRPF se aplicaron deducciones para contribuyentes con base imponible individual inferior a 25.000 euros o 30.000 euros en tributación conjunta (antes, los límites de renta estaban fijados en 19.000 y 24.000 euros). Asimismo, se aplicaron otras medidas como mejoras en la deducción autonómica por adquisición de vivienda habitual (para viviendas protegidas y para jóvenes), por alquiler de vivienda habitual, por nacimiento y adopción de hijos, por ayuda doméstica, por gastos de familias numerosas, por gastos de escolaridad, enseñanza de idiomas y libros de texto de primaria y secundaria obligatoria, por discapacidad, por contribución a la protección del Medio Ambiente.

Según las estimaciones de la Consejería, en el ITP-AJD, el ahorro estimados para los ciudadanos asciende a una media de 430 euros por año, lo que se ha conseguido mediante la reducción del tipo gravamen general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sólo Canarias y Madrid, que están en el 6,5% y el 6%, respectivamente tienen un tipo más bajo que Andalucía.

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, se redujeron los tipos del 8%, 9% y 10% a un único tipo general del 7%. En el de Actos Jurídicos Documentados, se redujo del 1,5% al 1,2%. También se impuso un tipo de gravamen reducido del 6% por adquisición de vivienda habitual de menos de 150.000 euros; un superreducido del 3,5% si la vivienda vale menos de 150.000 euros y el comprador es menor de 35 años, víctima de violencia de género, víctima del terrorismo o se adquirió en un municipio con problemas de despoblación. Asimismo, se aplicó un tipo de gravamen superreducido del 3,5% si la vivienda no supera los 250.000 euros, cuando el adquirente sea una persona con discapacidad del 33% o más, o en caso de familia numerosa.

El Impuesto sobre el Patrimonio se bonificó al 100 por cien con carácter indefinido, pero se recuperó parcialmente al entrar en vigor el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno central.