La Junta defiende su convenio con la RFEF y se desvincula del 'caso Rubiales'

Desde que estallara el caso que involucra al expresidente de la federación de fútbol y la Guardia Civil se presentara en el estadio de La Cartuja, de titularidad pública, para requerir los contratos firmados con esa entidad, la oposición política en Andalucía ha venido exigiendo explicaciones sobre las relaciones mantenidas entre la Junta y la federación y del dinero aportado por la Administración autonómica para conseguir que los partidos de la selección española de fútbol y las finales de diferentes competiciones se jugaran en ese estadio.

Bernal reivindicó ayer la transparencia de esas relaciones y los beneficios en la promoción internacional de Andalucía que ha tenido la decisión de la Junta de recuperar esas instalaciones deportivas, construidas en su día para el fallido proyecto olímpico de Sevilla y que cuando en 2019, cuando llegó Moreno a la presidencia, llevaban dos años abandonadas.

El consejero no solo subrayó la transparencia de los contratos, que alcanzaron los 14 millones de euros destinados en primer lugar a las obras de homologación del estadio a los requerimientos de la UEFA, y aseguró que en todos los casos hubo licitaciones con concurrencia de distintas empresas y siempre se adjudicaron a las ofertas más bajas.

Asimismo, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, garantizó que la Junta colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera. «La investigación judicial no va sobre la Junta de Andalucía, sino sobre las actividades de la Federación», advirtió.

Los miembros del Gobierno andaluz reaccionaron de esta manera después de que desde la oposición se requirieran explicaciones sobre este asunto. Desde Armilla (Granada), el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, reclamó a Juanma Moreno que explique «tanto los patrocinios como las adjudicaciones de obras y las relaciones y el convenio» que el Gobierno andaluz tenía con la Federación Española de Fútbol». Aseguró que es eso lo que se está investigando y debe aclararse.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, dijo que el presidente de la Junta tiene que dar muchas explicaciones, porque «ha quedado en evidencia que su modelo de colaboración público-privada es terreno fértil para la corrupción».