La Junta de Andalucía pone en marcha un plan urgente para evitar el colapso de la obra pública

La Junta completa de esta manera el decreto ya aprobado por el Gobierno central, que en opinión del portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, es parcial e incompleto, ya que no permite beneficiarse a los adjudicatarios de obras cuya ejecución haya demandado menos de un año o hayan estado en ejecución durante el año pasado. Con el decreto de la Junta, que también afecta a pliegos de contratos futuros, se podrán adherir a esta medida los ayuntamientos, diputaciones provinciales y universidades.

Según Bendodo, la implantación de esta medida, que ha sido pactada con el sector y estará en vigor mientras la espiral inflacionaria no remita, permitirá que los proyectos sean viables y se puedan llevar a cabo.

El Gobierno andaluz ha justificado esta medida en que las empresas que trabajan con las administraciones tienen un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales.

Así, el decreto ley aprobado este martes incrementa en relación con la medida inicial del Gobierno central la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no verse obligadas a parar obras, lo que pondría en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo.

En concreto, a diferencia de la norma del Gobierno de España, el decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el real decreto estatal: bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre. Asimismo, suprime las penalizaciones derivadas por retrasos vinculados a falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Asimismo, el decreto ley andaluz amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.

El sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades. El impacto económico para las arcas de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se estima (con los índices provisionales publicados hasta diciembre de 2021) en 59 millones de euros, pero dicha cantidad puede elevarse según la evolución de los índices en 2022 y 2023. Si bien la norma también afecta a otras consejerías con obras como las de Salud y Familias, Educación y Deportes; Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible; Cultura y Patrimonio Histórico y de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, que están analizando la repercusión de la medida.