La Junta exigirá responsabilidad civil a los condenados por el 'caso ERE'

El Gobierno también ha decidido que seguirá pagando las prejubilaciones que se abonaron a trabajadores, bajo la premisa de considerarles «beneficiarios lícitos» y «de buena voluntad». El Gobierno PP-Cs, que les ha mandado un mensaje de tranquilidad, pagará hasta 2020 un total de 37 millones de euros a los prejubilados beneficiados con los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía desde 2000 a 2009 mediante un sistema «palmariamente ilegal» que permitió el «descontrol absoluto» de las ayudas, según el fallo de la Audiencia de Sevilla. De los 6.096 beneficiados, siguen cobrando en torno a 950, ya que el resto ha ido jubilándose y percibiendo su pensión del Estado.

Como tercera decisión la Junta seguirá actuando por la vía penal, civil y contable contra los beneficiarios ilícitos de las ayudas con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L de la Consejería de Empleo aludidos en la sentencia. «Los más de 200 intrusos (beneficiarios de prejubilaciones sin pertenecer a las empresas subvencionadas) que colaron los socialistas, a esos vamos a perseguirlos hasta que la Justicia lo permita», ha declarado Marín.

La Junta también pagará minutas a los letrados de los cargos absueltos y exigirá la devolución de la de los condenados. Tanto esta resolución como otras relacionadas con la recuperación del dinero de los ERE están sujetas a una sentencia firme de la causa política y las casi 200 piezas que quedan por salir a juicio. Marín y Bendodo han reconocido que tardarán años en verse la punta del iceberg de las consecuencias para las arcas públicas de la Junta de la macrocausa de los ERE, calificada por Bendodo de «bochorno» y «escarnio» con grave perjuicio a la imagen de Andalucía.

La sentencia estima en 679,4 millones de euros la cantidad fraudulenta por el mal uso del sistema de adjudicación y pago con destino a ERE de empresas y ayudas directas. La Junta renunció en 2016 a ejercer la acusación particular en la pieza política, reservándose acciones civiles cuando hubiera condena firme contra los condenados. La renuncia –que Bendodo y Marín achacan a una decisión política de Susana Díaz- provocó el archivo de la exigencias de responsabilidades civiles durante la vista.

El juez de instrucción que elevó la causa a juicio oral en 2016, Álvaro Martín, recogía responsabilidad civil para los acusados, habiendo sido diez de ellos condenados por malversación. La condena de malversación obliga a la reparación del daño causado a la hacienda pública de la comunidad autónoma. Álvaro Martín había estipulado fianzas de 4,5 millones a Griñán, mientras que 6,2 millones al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, pero de 686 millones de euros a el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Las citadas fianzas hubieran derivado en embargo de los bienes de los condenados hasta la sentencia definitiva.

Ahora la Junta de Andalucía deberá esperar al fallo del Tribunal Supremo para exigir responsabilidades civiles. El Consejo de Gobierno, no obstante, ha iniciado ya los trámites «para el resarcimiento de los perjuicios que se derivan de las conductas sancionadas por la sentencia». En el acuerdo de hoy ha instado a la Consejería de Presidencia a comenzar los procedimientos. Cuando toque, los servicios jurídicos de la Junta solicitarán a la Consejería de Hacienda la conformidad para el ejercicio de las acciones mencionadas. La concreción de la cuantía de la responsabilidad civil no tiene por qué coincidir con las fianzas solicitadas en su día por Álvaro Martín, que sobrepasaban incluso la cantidad final fijada en la sentencia como fraudulenta. La cifra «ha de ser ajustada a los fines del resarcimiento y han de tenerse en cuenta, por consiguiente, las cantidades ya reintegradas como consecuencia de las acciones administrativas, contables y penales ejercidas», admite el actual ejecutivo.

El Gobierno de la Junta anterior estimó en 135 millones de euros las ayudas ilícitas que había que reclamar vía administrativa, habiendo recuperado en torno a siete millones de euros. Este Gobierno, sin embargo, no ha querido confirmar estas cifras. Bendodo y Marín han informado que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, prepara un informe para la próxima semana en el que aclarar algunas cifras, entre ellas las del dinero defraudado, ingresado y por reclamar.