Archivada la causa de la Agencia IDEA contra cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía

La magistrada atiende así la petición de las defensas tras el informe pericial de la Intervención General de la Junta que sitúa la gestión de los avales en las delegaciones provinciales. El informe de la perito de la Junta Rocío Marcos arguye «de forma clara, radical y sin lugar a dudas» que en la tramitación de los expedientes no hay «decisiones groseras y arbitrarias que justifiquen la continuación de esta investigación», apunta la jueza en el auto.

Los letrados de la Junta apoyaron la petición de las defensas cuando ya estaban en manos del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Los populares son acusación particular en esta causa judicial y sus letrados, así como la Fiscalía, se habían manifestado en contra del carpetazo al caso, que es provisional y se puede recurrir.

El archivo se conoce el mismo día que el Consejo de Gobierno ha anunciado una reestructuración profunda de la agencia IDEA, inmersa en otros procesos judiciales como el del 'caso ERE'. Una de las primeras medidas es el cese de los ocho delegados provinciales de la agencia pública. Tras el Consejo de Gobierno, su portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, no ha aclarado si la Junta recurrirá el archivo argumentando que el auto es reciente y debe analizarlo con los servicios jurídicos de la administración autonómica.

Bendodo sí ha dejado claro que la Junta no hará dejación de funciones en la persecución de irregularidades y recuperación del dinero menoscabado si lo hubiera en este caso. Ha insistido en que una cosa es el proceso judicial y otro el administrativo. «La judicialización de este caso no aparta al Gobierno de sus responsabilidades, y su camino y el de la Agencia va a seguir siendo el mismo: reclamar lo que le corresponde, esté el caso o no en los juzgados», ha enfatizado Bendodo. «El Gobierno irá caiga quien caiga y con todas las consecuencias a perseguir las irregularidades en el caso de los avales, pero centrando los esfuerzos donde se haya podido cometer un delito, con independencia de que se produzca el archivo o no de la causa judicial», ha remarcado.

La jueza Núñez diferencia en su auto entre posibles irregularidades administrativas y la comisión de delitos, que es lo que investiga su juzgado.

La investigación del 'caso Avales' arranca de una investigación hace cuatro años de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la que detectaba la concesión de avales a empresas de forma arbitraria e irregular y se favorecía a determinadas empresas. Varias de las beneficiadas lo fueron también de las ayudas concedidas con cargo a la partida 31L de la Consejería de Empleo, la relacionada con el caso de los ERE. El caso afecta a 18 empresas, cuyos titulares no aparecen investigados en la causa.

Para el PSOE el archivo judicial es una muestra más de la persecución política del PP contra sus cargos en la Junta por lo que ha instado a los populares a pedir perdón. El exconsejero de Economía socialista Antonio Ramírez de Arellano recriminó al PP que antes llamara «chiringuito» a la agencia IDEA y ahora la considere «clave» para el impulso de la economía andaluza.