«El acuerdo con el Gobierno sobre Doñana es un modelo a seguir que es aplicable a otras áreas»

–¿Qué balance hace de estos meses al frente de la nueva Consejería, un cambio radical desde el mundo sanitario?

–Asumir esta Consejería ha sido un reto emocionante y lleno de aprendizaje, ya que vengo de un mundo donde la vida humana está en el centro de cada decisión y ahora trabajo también para garantizar la salud, en este caso de nuestro entorno, que es esencial para todos. La responsabilidad y el compromiso no entienden de áreas, sino de personas y resultados, una lección que ya aprendí en mis años de alcaldesa en mi pueblo en Jaén, Jimena.

–¿Qué diagnóstico hace del estado ambiental de Andalucía?

–La salud ambiental de Andalucía es un proceso continuo y la comunidad con un patrimonio natural único y envidiable, pero también sufrimos los efectos del cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos. Hemos avanzado mucho en protección y gestión sostenible, pero no podemos bajar la guardia y hay que trabajar par seguir siendo un referente en sostenibilidad y conservación y también en generación de oportunidades socioeconómicas vinculadas a un desarrollo responsable.

–¿Cuáles son lo problemas ambientales más prioritarios?

–La gestión del agua es, sin duda, uno de los retos más urgentes. La sequía y el cambio climático están alterando los equilibrios que sostienen nuestros ecosistemas y economías rurales. También nos enfrentamos a la necesidad de compatibilizar desarrollo y conservación, algo que requiere decisiones valientes e innovadoras. Otro aspecto fundamental es la gestión de residuos e impulsar la transición hacia una economía circular, sin olvidar la conservación de la biodiversidad de Andalucía.

–¿Cómo valora el nivel de ejecución del acuerdo sobre Doñana ante las críticas de ecologistas agricultores?

–Doñana es un símbolo y cualquier decisión que le afecte genera grandes debates. Desde la Junta hemos trabajado con rigor y responsabilidad para equilibrar intereses tan diversos en este espacio natural. La Junta aporta 728 millones de los 1.400 de inversión del acuerdo y hemos concedido subvenciones destinadas a los municipios del entorno. Además, el Ministerio ya está impulsando las ayudas que son fundamentales para los agricultores y continuamos trabajando para que los beneficios lleguen a todos los sectores implicados.

–¿Cómo ve la situación actual de Doñana?

–La situación hídrica es, sin duda, preocupante. La sequía y la sobreexplotación de recursos hídricos durante décadas han puesto a prueba su resiliencia. Dentro del acuerdo con el Gobierno de España se incluyen medidas específicas para restaurar los acuíferos y mejorar la gestión hídrica y la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir está haciendo un trabajo minucioso en la localización de pozos ilegales. Por nuestra parte, se ha adquirido la finca Veta la Palma, por más de 72 millones de euros, un humedal de 3.600 hectáreas clave para la avifauna.

–El entendimiento con el Gobierno central ha sido clave, ¿ve extensible el acuerdo a otras áreas en medio de tanta crispación y confrontación?

–La colaboración entre administraciones es fundamental para abordar los grandes retos medioambientales y sociales que enfrentamos. El acuerdo sobre Doñana es un ejemplo claro de que, cuando las instituciones trabajan juntas con voluntad política y objetivos comunes, se pueden alcanzar resultados beneficiosos para todos. Se trata de un modelo de diálogo y cooperación a seguir marca del Gobierno de Juanma Moreno y aplicable a otras áreas. Andalucía ha demostrado que puede liderar iniciativas que sirven de ejemplo a nivel nacional.

–¿Cómo se está actuando para hacer frente al cambio climático?

–Lo estamos haciendo desde un enfoque integral que incluye proyectos innovadores y apoyo a las entidades locales, con planes municipales para 756 municipios y con subvenciones para infraestructuras verdes y soluciones verdes, promoviendo la colaboración público-privada para la implicación empresarial y fomentando proyectos de absorción de emisiones, todo ello enmarcado en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que ha movilizado más de 2.600 millones para 231 acciones.

–¿Cuáles son los proyectos prioritarios para lo que queda de legislatura?

–Llevar al Parlamento las tres normas clave en tramitación, como son la de Agentes de Medio Ambiente, la Ley para la Gestión Ambiental y la Ley de Montes, que modernizarán el marco andaluz en materia de sostenibilidad y medio ambiente, adaptándolo a los retos actuales.

–¿Qué aportará la nueva Ley de Gestión Ambiental?

–La norma en la que estamos trabajando reducirá la burocracia y conferirá más seguridad jurídica con herramientas innovadoras y digitales. Además, cm esta nueva ley se agilizarán y acortarán los plazos en los trámite para los premisos ambientales, potenciando la colaboración entre administraciones en las tramitaciones.