Reducen a escombros las chabolas del Cortijo El Uno de Níjar tras desalojar a 50 personas

Al caer la tarde, nada quedaba ya de las infraviviendas y se habían derruido también algunas de las casas exteriores, hogar de varios jornaleros. La nave principal, la construcción de más tamaño, fue vaciándose a mano. Para ello, trabajó durante todo el día una cuadrilla de varios hombres, también de origen extranjero que, al parecer, seguirá con esta limpieza durante días o semanas.

No es la primera vez que se produce un desahucio de este tipo en el término nijareño. Posiblemente, tampoco será el último. En todas las ocasiones, se intenta de un modo u otro impedir la entrada de la Autoridad Judicial. Ayer, en San Isidro, se quiso obstaculizar el paso con una barricada improvisada que, horas antes, según los testigos, habían instalado personas ajenas al asentamiento.

La barrera fue retirada por una grúa municipal, que, posteriormente, hizo lo propio con otra estructura similar levantada en el interior del terreno vallado, donde se ubican las chabolas que han dado cobijo a personas extranjeras desde hace años. Se estima que esta propiedad lleva siendo habitada de forma irregular desde hace alrededor de una década, principalmente, por personas trabajadoras del campo nijareño y sus familiares.

En el momento en que se confirmó el desahucio por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, en El Uno residía medio centenar de personas. La mayoría, acatando la decisión judicial, ya se habían marchado ayer a otros lugares.

Hay familias que se han instalado en Murcia, renunciando a sus trabajos en Almería; personsa que se han marchado a Huelva; hay quienes han encontrado una solución temporal en un colchón o un sillón en casa de algún conocido; algunos de los más vulnerables conseguirán plazas en los alojamientos nijareños de oenegés como Almería Acoge o el Servicio Jesuita de Migrantes. Acabado el día, se había conseguido alojar a casi todos los afectados, al menos, en esta primera noche.

«No sé», respondía sobre su futuro más inmediato, encongiéndose de hombros, Aness, un ciudadano de origen marroquí de 37 años que, prácticamente desde que llegó a Almería hace cuatro años y medio, dormía cada noche en una de las chabolas que las máquinas redujeron a escombros en cuestión de segundos. Traductor mediante, detalló que trabaja «de cuatro meses, en cuatro meses» en los invernaderos cercanos pero aún no puede volver a su país «por problemas con los papeles».

Aness permaneció toda la mañana, junto a compañeros y compatriotas, al otro lado del enrejado del cortijo donde reside habitualmente, junto a sus pertenencias –pocas–, como el resto de desalojados sin otro lugar donde ir. Colchones, neveras, bidones de agua o mantas se sucedían, colocados como si de un escaparate se tratase, en las estrechas cunetas de las carreteras adyacentes a la finca; y, en las viviendas que se podían incluso visitar, quedaban atrás juguetes infantiles y efectos personales con los que sus dueños no pudieron cargar. Pero en ningún momento se escucharon sus quejas. Los alrededor de veinte moradores–hombres jóvenes, mayoritariamente– que comenzaron el día en El Uno guardaron silencio durante todo el proceso.

En busca de responsables

Solo se escucharon, en toda la mañana, los gritos desde el exterior de la finca (a la que se prohibió el paso a cualquier persona ajena) de varios miembros de una de las plataformas que luchan para evitar este tipo de desalojos sin realojo, Derecho a Techo. Culpan a la patronal agrícola, al Ayuntamiento de Níjar y a las administraciones, en general, de la situación que se vive en este extenso municipio, a la par, una de las joyas naturales y turísticas de la provincia.

Aunque la mayoría de las críticas, las más duras, se están dirigiendo estos días al Consistorio nijareño, que se ha desligado de este procedimiento, más allá de la presencia de la Policía Local y de maquinaria municipal para ejecutar los derribos. Desde el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) de Almería, presente durante todo el proceso en la finca de San Isidro, incidieron en que se ha echado de menos a trabajadores de los Servicios Sociales de la localidad.

«Aquí estan los medios, la Policía, la Guardia Civil, el juzgado, el propietario, entidades sociales, vecinos... y el Ayuntamiento no está», lamentó ante los medios el jesuita Daniel Izuzquiza a pie de campo. Él, junto a otros miembros del SJM, llevan semanas trabajando con estas personas para tratar de minimizar el impacto de este desalojo, sobre el que, este lunes, incluso se manifestó el Defensor del Pueblo Andaluz a raíz de una demanda remitida desde esta organización.

De nada ha servido. «El Ayuntamiento, amparándose en que hay una orden judicial está haciendo una dejación de funciones», tiene claro el jesuita, quien hizo hincapié en que, legalmente, el Consistorio debería, al menos, «elaborar los informes de vulnerabilidad social y trasladarlos al juzgado» y prestar una solución habitacional a personas «en una situación de desamparo, entre las que hay también menores». Considera que «la callada por respuesta es muy descorazonadora».

Más allá de Almería, en el Parlamento andaluz, alzó la voz contra este episodio la portavoz de dePor Andalucía, Inmaculada Nieto, quien acusó a la Junta de Andalucía de estar «mirando para otro lado». Afeó al Gobierno andaluz que se «desentienda» de la situación de estas personas y, sin embargo, sí esté «presumiendo de las formidables cifras económicas que hay detrás de las explotaciones agrícolas de esta zona».

La Junta de Andalucía, consultada desde este diario, se volvió a remitir ayer a sus declaraciones del día anterior, en las que incidía en que la mayoría de las competencias en materia de inmigración corresponden al Gobierno de España o a los ayuntamientos, insistiendo en que se destinan desde la Administración andaluza 1,2 millones de euros a oenegés para proyectos en asentamientos chabolistas.