La Junta licita por 10,6 millones las obras para solucionar las aguas residuales de Los Vélez

Estas nuevas infraestructuras permitirán el tratamiento de aguas residuales en la zona, especialmente en el municipio de Vélez-Rubio, donde desde hace 13 años se vierten las aguas sin tratar a la rambla Chirivel debido a la falta de un sistema, lo que ha ocasionado ya graves daños al ecosistema.

Las inundaciones en la rambla del Chirivel y sus afluentes en septiembre de 2012 provocó la rotura del colector general de agrupación de vertidos que discurría por la propia rambla y que llegaba hasta la EDAR existente --que quedó fuera de servicio-- sin que, hasta ahora, se hayan llevado a cabo las reparaciones oportunas, según recoge el proyecto para la actuación, consultado por Europa Press.

«En la actualidad, la red de saneamiento --dependiente directamente del Ayuntamiento de Vélez-Rubio-- vierte directamente a cauce a través de dos puntos de vertido sin tratar», recoge el documento. La situación dio lugar incluso a que se llegara a juzgar por un presunto delito medioambiental al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez Carlón Manchón, quien resultó absuelto frente a la petición de tres años de cárcel que hacía la Fiscalía.

En el caso de Vélez-Rubio, el proyecto contempla una inversión de 5.523.279,50 euros en obras para una nueva EDAR y sus conducciones asociadas, que llevarán los vertidos de este núcleo urbano hasta la parcela donde se construirá la depuradora

La solución adoptada para la agrupación de vertidos, a ejecutar en 21 meses una vez se adjudique el contrato, será la ejecución de un colector general por gravedad que vehicule todas las aguas residuales del núcleo urbano.

El colector sur conectará a dicho colector general por gravedad, mientras que el colector norte mandará las aguas residuales hasta una estación de bombeo que impulsará las aguas residuales hasta dicho colector.

El colector general discurrirá por la traza existente, paralela a la carretera A-1301, hasta su llegada a la EDAR proyectada. Así mismo, existe un colector intermedio que discurre por la cañada del Cuzco, recogiendo la barriada de las Cachuchas y las viviendas dispersas de este tramo, y que se vehiculará por gravedad hasta la depuradora proyectada.

El proyecto descarta el uso de los colectores ya existentes tras haberse comprobado que «en épocas de lluvia sufren inundaciones», así como por las «pérdidas en su trazado actual». No obstante, sí se mantiene un tramo que discurre por las calles Cabecico y Sorolla al comprobarse que la tubería existente «está en buen estado y tiene capacidad suficiente para desaguar por gravedad las aguas residuales hasta el colector general».

Izquierda Unida ha reclamado este viernes una respuesta urgente y coordinada por parte de las administraciones ante los vertidos de aguas residuales sin depurar que se producen desde hace más de una década en Vélez Rubio.

La formación ha denunciado que esta situación, que afecta al río Vélez y al embalse de Puentes, no puede seguir prolongándose sin consecuencias, y advierte de que las sanciones económicas no bastan si no se acompañan de medidas reales para frenar la contaminación y reparar el daño ambiental.

Máxime cuando, informa IU, el Consejo de Ministros ha impuesto al Ayuntamiento de Vélez Rubio una multa de 500.000,01 euros, además de una indemnización de 341.799,96 euros, por los daños causados al dominio público hidráulico.

Para María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU Almería, «hay una cuestión que no se puede obviar: los vecinos de Vélez Rubio llevan más de una década pagando en sus recibos el canon de mejora autonómico, un tributo finalista que se justifica como herramienta para financiar infraestructuras hidráulicas como las depuradoras». Sin embargo, ha abundado, «en este municipio no ha habido ni depuración ni mejora».

La EDAR, recuerda IU, está fuera de servicio desde 2012 y la obra comprometida por la Junta sigue sin ejecutarse».

Amate ha añadido que «esto no es solo una anomalía técnica, es una injusticia política. Se ha cobrado por un servicio que no se presta, y ahora, además, se impone una importante sanción que también recaerá sobre los vecinos. Es urgente que la Junta dé explicaciones y que se habiliten soluciones provisionales mientras se construye la nueva infraestructura».

La resolución del Consejo de Ministros, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica, se basa en más de veinte actas de inspección y análisis de muestras recogidas entre 2017 y 2024, que confirman que los vertidos se han realizado sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La depuradora municipal, recuerda la formación, quedó fuera de servicio en 2012, tras las riadas de San Wenceslao, y desde entonces los residuos generados por los cerca de 7.000 habitantes del municipio se han vertido directamente a la rambla de Chirivel, que desemboca en el río Vélez y, más adelante, en el pantano de Puentes. Los informes técnicos advierten de un deterioro grave en la calidad del agua, con filtraciones a acuíferos, proliferación de algas y pérdida de oxígeno, lo que afecta tanto al ecosistema como a los usos agrícolas y ganaderos de la zona.

Amate ha sido contundente: «Esta sanción no es solo una cifra elevada. Es la consecuencia directa de trece años de inacción institucional. Cada día sin solución ha supuesto más contaminación en el río, y ahora el coste lo asume la ciudadanía de Vélez Rubio».

Las estaciones depuradoras proyectadas para Vélez Rubio, Vélez Blanco y María «fueron anunciadas por la Junta en 2024, pero no han sido licitadas oficialmente hasta septiembre de 2025. Aunque forman parte de un expediente conjunto, se trata de tres infraestructuras independientes, cada una con su propio presupuesto y plazo de ejecución. En el caso de Vélez Rubio, la obra tiene una duración prevista de 21 meses. Si no hay retrasos en la adjudicación ni en la ejecución, la instalación podría estar operativa a principios de 2028 en el mejor de los escenarios». «Y mientras tanto, los vertidos continuarían», ha observado Amate.

Izquierda Unida reclama que se habiliten sistemas provisionales de depuración, como balsas de estabilización o módulos móviles, y que se inicie cuanto antes la restauración de la cuenca. «Hay precedentes en otras comunidades donde se han aplicado medidas temporales para reducir el impacto ambiental mientras se construía o reparaba la infraestructura definitiva. Aquí, en cambio, se ha optado por la inacción», lamenta Amate.

La organización recuerda que esta denuncia no parte de cero. En 2021, el grupo municipal de IU en Lorca llevó el caso a la Fiscalía, alertando del impacto ecológico y sanitario de los vertidos. Poco después, el eurodiputado Manu Pineda trasladó la cuestión al Parlamento Europeo. Y recientemente, IU-Verdes Lorca ha vuelto a registrar iniciativas en las instituciones donde tie