Carboneras declara El Algarrobico suelo no urbanizable y ya apunta a anular la licencia

El documento será ahora remitido al TSJA para acreditar el cumplimiento del requerimiento judicial, después de que el tribunal advirtiera al Consistorio de un posible incumplimiento y llegara a reclamar la identificación del funcionario responsable. La secretaria municipal, que ejerce en régimen de acumulación, ha señalado en su informe que el Ayuntamiento debía limitarse a incorporar al PGOU la clasificación fijada por el tribunal, sin reinterpretaciones. Y es que hace dos años, en 2024, un texto similar al aprobado ayer salió adelante con la inclusión en el expediente de que se hacía por «causas sobrevenidas». Esta declaración fue recurrida por la Junta de Andalucía por su irregularidad.

Según expone, la modificación aprobada inicialmente en abril de 2023 ya recogía ese mandato, y advierte de que el expediente actual carece de algunos informes clave y presenta «numerosos procedimientos judiciales abiertos, actuaciones pendientes de cumplimentar y requerimientos judiciales reiterados sin cumplir».

Durante el debate plenario, el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Amérigo, ha acusado al alcalde de no haber cumplido la sentencia en sus términos y ha denunciado la falta de transparencia en el expediente, mientras que desde el equipo de gobierno se ha defendido la legalidad del trámite como paso obligado para cumplir con el TSJA.

El concejal Francisco Capel ha leído un documento en el que ha advertido de que el nuevo acuerdo podría dar lugar a impugnaciones judiciales, y ha criticado que no se haya impulsado ni la redacción del nuevo Plan General ni el plan estratégico contemplado en el pacto de gobierno de 2024 entre PSOE y Cs, que permitió la investidura del actual alcalde mediante una moción de censura.

Por su parte, el regidor carbonero replicó con severa dureza y acusó a la oposición de hacer «batiburrillos» de acusaciones «sin fundamento». Defendió que el caso de El Algarrobico «ha costado ya cientos de miles de euros en defensa jurídica y trámites administrativos» a las arcas municipales y calificó el caso como una «pesadilla» judicial arrastrada durante décadas.

La modificación aprobada este jueves constituye un nuevo intento del Ayuntamiento por acreditar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, tras años de litigios e intervenciones judiciales. No obstante, para su entrada en vigor aún es necesario que el texto se publique en el BOJA. El primer paso para un desenlace inesperado para la mayor parte de los actores que han intervenido en el proceso: la anulación de la licencia de obras. Una clave de bóveda aún por resolver y que, sin embargo, será clave para dictaminar quién deberá correr con el coste de los platos rotos por la construcción del enorme inmueble turístico al borde de la playa en Carboneras.