Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, donde elevan a diez el número total de supuestos implicados aunque sin descartar posibles nuevos investigados conforme el avance de las pesquisas, que en la tarde de este miércoles se centran en las declaraciones de los arrestados en dependencias de Guardia Civil.

Además del presidente del órgano supramunicipal, también permanecen detenidos el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. En este sentido, los agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado este miércoles en el Ayuntamiento finense para recabar expedientes.

Junto con estos cargos políticos, a los que el PP ha suspendido cautelarmente de militancia, se encuentran también arrestados un técnico de Área de Fomento de la Diputación y el hijo del alcalde de Fines, quien ya estuvo también detenido en la primera fase de la operación que tuvo lugar en abril de 2021.

Cabe recordar que entre los detenidos se encuentran el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, a quien se sitúa en el centro del origen de la trama que partió mediante un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19.

Asimismo, se sitúa a dos empresarios --un hombre y una mujer-- como investigados en esta causa por supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, con diferentes responsabilidades a cada uno en función del papel que se les atribuye en la trama. Ambos sería hermanos de García Molina.

Los detenidos pasarán este jueves a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, encargado de instruir las diligencias en esta pieza adicional declarada secreta. La causa principal cuenta ya con 14 personas investigadas judicialmente -entre ellas, Giménez, Sánchez y Liria-, así como siete empresas.

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».

El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones practicadas en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria fue arrestado por la compra supuestamente fraudulenta en plena pandemia de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) a través de un contrato de urgencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros.

Los indicios de posibles 'mordidas' a través de aquel contrato dieron lugar a nuevas investigaciones que han llevado a la autoridad judicial a extender sus pesquisas para determinar si también podría darse el cobro de comisiones a través de otros contratos públicos de obras y servicios, algunos de ellos con el Ayuntamiento de Fines.