Decisiones delegadas

A la espera de ese momento de magia matemática, Almería –y sus ciudadanos– estamos en un clarísimo estado de debilidad en el que la trasmisión del virus está al albur de la responsabilidad individual de los ciudadanos y las decisiones que de forma extrañamente aleatoria toman unas autoridades políticas que se encuentran a veces entre la espada de una débil situación económica y la pared de una pandemia que ni ceja ni cejará al menos hasta dentro de algunas semanas.

Resulta del todo tranquilizador observar que la responsabilidad acaba imponiéndose incluso en campo adverso. La determinación, esta semana, del Ayuntamiento de Almería a la hora de cancelar la Feria más grande de la provincia y limitarla a abrir el recinto para los 'cacharricos' es reconfortante. Incluso tras semanas en las que había mantenido, contra las inmensas intuiciones de marejada, que no habría giro de timón.

También debe serlo a corto plazo para los hosteleros, que observarán cómo tras año y medio de anormalidad asumida y de constricción del consumo serán la única alternativa viable para concentrar los encuentros sociales de unas fechas que con fiestas o sin ellas están marcadas en rojo en los calendarios almerienses. Las casetas, los chiringuitos, los ambigús, esos establecimientos efímeros que requieren de previsión e inversión, no serán el 'enemigo' a batir. Lo será, eso sí, la desidia y el calor.

La sorpresa se agazapa en el hecho de que la decisión se haya tomado a tan solo tres semanas del evento. En esto, es necesario decirlo, Almería es solo uno de los casi 800 municipios de Andalucía que se están viendo conminados a nadar por sí solos ante el tsunami de la pandemia y a tomar decisiones a ciegas, sin herramientas para ello. Igual que hizo el Gobierno de España con las autonomías en otros momentos de esta aguda crisis sanitaria, la Junta ha delegado en los consistorios la toma de decisiones sanitarias cruciales sin que tengan soporte técnico adecuado y sobrepasando las competencias de organizar unas fiestas que pueden acabar en una situación sanitaria indeseable.

Hace pocos días el Gobierno andaluz conminaba a los consistorios a combatir los botellones con multas y persecución policial. Es lógico, entra dentro de lo que se espera de un ayuntamiento que disponga de agentes (son pocos los que tienen). Pero también sería esperable que las autoridades sanitarias pasaran de las consideraciones y los consejos a la determinación del BOJA. De no hacerlo se incurre en dejación y se deposita toda la presión en el eslabón más débil de la cadena:los ayuntamientos.