Comienzan a declarar los investigados por el Caso Mascarillas de la Diputación de Almería

Unas declaraciones que han comenzado este martes y continuarán durante el jueves y el viernes de esta semana, según una providencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, firmada por el juez Eduardo Martínez Gamero. Dicho documento, al que ha tenido acceso IDEAL ALMERÍA, recoge que hace ahora casi tres años (el 19 de mayo de 2022), el Ministerio Fiscal solicitó diligencias judiciales, consistentes en declaraciones de investigados y testigos.

«Tal solicitud, hasta el momento, no ha cristalizado en la práctica de declaración judicial alguna», pone de manifiesto el instructor, quien apunta que únicamente constan las realizadas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, hace más de tres años, por tanto.

También señala el juez la existencia de un «informe provisional de peritaje judicial de gran relevancia en lo que respecta a la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública», en el que se demanda información relativa a «la cuantificación de las rentas que finalmente van destinadas a realizar pagos a terceros intervinientes en la operación de intermediación» y «movimientos bancarios que pongan de manifiesto una disposición de fondos de Corpfam por parte de Kilian (López Solé)», uno de los principales encausados, junto a Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, por supuestas mordidas en la compra de mascarillas y otro material sanitario en los primeros meses de la pandemia de la covid-19. La UCO estima que López Solé se habría hecho con cerca de 950.000 euros en esta operación.

Así, tras varias prórrogas en la instrucción, menciona la providencia que «se considera conveniente la práctica de diligencias judiciales» aún teniendo constancia de que «aún pende la aportación de, al menos, un informe por parte de la UCO». No obstante, sostiene el juez que ello «en nada merma o limita el derecho de defensa de los investigados».

Estas declaraciones, de investigados y testigos, se pretenden realizar a lo largo de la presente semana. Según concreta el texto judicial, la práctica de las declaraciones se ha comenzado a realizar este martes y continuará el jueves y el viernes «en grupos de ocho declarantes». No en vano, se puede superar la veintena de intervinientes. En primer lugar, han declarado los representantes empresariales y se espera que en las siguientes sesiones tengan lugar los interrogatorios a políticos (o expolíticos) y su entorno.

La causa, que tiene como acusaciones a Transolver Finance, Vox, PSOE y la Diputación de Almería, está abierta contra un total de 17 personas, entre las que se encuentran los mencionados Liria y López Solé así como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tío del exdiputado, y varios miembros más de la misma familia. También se ha citado, aunque lo hará más adelante, a Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, quien pasa a adquirir la condición de investigado «desde este momento procesal», según dicta la providencia.

En cuanto a las empresas, se incluye como investigados a representantes legales de Azor Corporate Ibérica, Corpfam Global Investment, Magmate & Partners, GESA Andalucía, Al Miraya Gestión y Asesoramiento, Gestoría López Moreno y García Construcción Sostenible, sobre las que se aprecian presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Administración provincial.

Finalmente, la providencia del juez Martínez demanda información sobre «el estado en que se encuentra el informe definitivo acerca de la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública» y para que «manifieste qué información requiere para la culminación de tal peritaje».