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Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, reconoció ante el juez haber tenido relaciones sexuales «con dos trabajadores» del Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila, donde cumple su condena a prisión permanente revisable por la brutal muerte ocurrida en 2018 en Rodalquilar, en Níjar. En concreto, detalló que se trata de «un cocinero y un funcionario» y que, a cambio de estos encuentros recibía «cositas» como «perfume, chocolate, cremas…». Según su testimonio, fue el trabajador de la cocina de la cárcel, en la que ella también trabajaba, quien le ayudó a conseguir un teléfono móvil con la intermediación de su pareja.
Son palabras de la propia Quezada procedentes de la grabación de su declaración de la pasada semana ante el titular Juzgado de Instrucción número 4 de Avila –que investiga lo ocurrido en la prisión de Brieva por un posible delito de cohecho– que emitió ayer en exclusiva el programa de Telecinco 'Vamos a ver'.
De pie, sin titubeos, en las imágenes de baja calidad obtenidas en el interior de la sala judicial se ve y escucha a la dominicana responder a las preguntas del juez sobre las relaciones que mantenía con estos hombres, investigados por ofrecer privilegios a cambio de favores sexuales.
Sobre el trabajador de la prisión, detalla que practicaba estos actos sexuales «a veces» sin estar conforme con ello, llegando a sentirse coaccionada, bien en su celda bien en la garita de los funcionarios, dependiendo del turno que tuviera. También asegura que, con su dispositivo móvil personal, le tomó «vídeos y fotos de partes íntimas» en varios puntos del centro penitenciario.
Sin embargo, según su versión de lo ocurrido, no fue él quien le ayudó a conseguir un teléfono con el que se comunicaba desde la cárcel, algo que está completamente prohibido.
Fue el cocinero: «Me dijo que, si quería, me traería el móvil y todo lo que quisiera. Y le dije, tráeme un móvil». Para evitar que este tuviera que aportar su documento de identidad para adquirir el celular, Ana Julia Quezada dice que concertó con su pareja, una joven catalana a la que conoció tras ser condenada por asesinato, que se lo diera en el exterior.
Sí que revela en su declaración judicial que el funcionario con el que tenía relaciones sexuales conocía de la existencia de este teléfono dado que, tras una de las denuncias públicas de la madre del niño asesinado, Patricia Ramírez, fue enviada a aislamiento, donde el trabajador le pidió «el móvil y el cargador» para evitar que lo encontraran durante el registro que iban a realizarle.
En el mismo juzgado declaró también este trabajador de la prisión de Brieva, S. T., quien, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, mantuvo su inocencia.
Los informes de la investigación defienden que la reclusa podría haber grabado las relaciones sexuales con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar «chantajear» a la dirección del centro y conseguir así su traslado a Barcelona. Además, en uno de los informes de la directora del la cárcel, Laura Pérez, reconocería que tuvo «conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna» a través de un educador. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el informe hecho público de la directora.
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