LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Pero no hay que irse de Andalucía para certificar que el poder político lo invade todo torrencialmente, como sucedió en Adra esta semana, y que, cada día que pasa, la ciudadanía es más consciente de un intervencionismo no sólo escandaloso, más bien repugnante, desde el punto de vista democrático.

El gran escándalo de corrupción que ha estigmatizado para mucho tiempo al socialismo en Andalucía, el denominado Caso ERE, no ha escapado del intervencionismo político a lo largo de un lustro de instrucción. Sin restarle un ápice al valor, arrojo y tesón contra la corrupción puestos de manifiesto por la instructora Mercedes Alaya, cualidades por cierto poco visibles en otros jueces contemporáneos salvo dos o tres excepciones más en España, convendrá reconocer de inmediato que su trabajo indagatorio ha estado bajo sospecha de politización y parcialidad durante años.

Su amistad manifiesta y conocida con el exmagistrado, exdecano, expresidente del PP-A y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, la colocó desde el principio bajo una enorme lupa que, cinco años después, ella misma ha utilizado para destruir ante el CGPJ a su sustituta en el juzgado Nº 6 de Sevilla, Mª Ángeles Núñez Bolaños.

Con una pequeña gran diferencia, cuando a Alaya la acusaron de instruir en favor de los intereses políticos del PP -Arenas llegó a ganar las elecciones de 2012- sus detractores se anduvieron por las ramas sin atreverse a concretar qué supuestos favores unían a Alaya con Zoido. A lo más que se llegó fue a insinuar que el entonces decano de los jueces sevillanos resolvió el curso de un expediente informativo contra Alaya y otro juez que podría haber desembocado en una falta muy grave ante la inspección del Consejo.

Pero aquel asunto, no exento de aristas delicadas de tipo personal, no tuvo mayor recorrido, salvo el daño que supuso para sus protagonistas el demoledor boca a boca sevillano.

Sin embargo, años después, sería la propia Alaya la que usaría el mismo medicamento contra su sucesora al frente del Juzgado, tras comprobar cómo le quitaba sus macrocausas, al haber obtenido, a petición propia, plaza en la Sección 7ª de la Audiencia y que alguien le garantizase que seguiría en comisión de servicio con los macrosumarios.

La acusaba -negro sobre blanco ante el CGPJ- de amistad manifiesta con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera y, lo más insólito, lanzaba una velada acusación de posible prevaricación de Núñez Bolaños al escribir que ella y su marido, Julio Güija, prestigioso siquiatra forense, coincidían dando clases en un conocido instituto jurídico con el hermano del exconsejero imputado Ángel Ojeda Avilés, Antonio, catedrático de Derecho del Trabajo en la US.

Por cierto, un instituto donde también imparten clases numerosos magistrados (hasta del Supremo), fiscales, secretarios judiciales, abogados, etc., etc. Destacando, entre todos ellos, el actual presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez.

El escrito de Alaya, por cierto, ha causado gran malestar e irritación en los ámbitos judiciales sevillanos. Un argumentario, el usado contra su sustituta que, de paso, deja en entredicho la figura, las competencias y la propia labor del secretario del Juzgado Nº 6.

Alaya, Bolaños, PP y PSOE

Pero aquí no acaba la cosa. La investigación normativa de un abogado imputado por Alaya ha puesto al descubierto que la magistrada parece que ha obviado, para poder armar y sostener su acusación contra los altos cargos de la Junta, Chaves y Griñán, entre ellos, legislación publicada en el BOE de la que no ha dado cuenta al Supremo en su motivación razonada, según afirma el letrado Carlos Leal. Y para redondear estas posibles prevaricaciones ha saltado, de la mano de la Guardia Civil, el asunto de la Faja Pirítica de Huelva: 34 millones gestionados a la limón por Gobierno central, con Aznar de presidente, Zoido de delegado del Gobierno y la Junta presidida por Manuel Chaves.

En este punto no parece lo más importante la posible existencia en ese ERE, según la Guardia Civil, de unos 300 intrusos -algo más que discutible según fuentes del PP-; lo más destacado es remitirse a la comparecencia en el proceso de los interventores del Estado, en calidad de peritos, testimonios claves de este enrevesado asunto, a los que la defensa del exdirector general de Trabajo Daniel Rivera preguntó con insistencia sobre la normativa legal en la que se fundamentó la operación del sector minero onubense.

«Que no la habían examinado» fue una de las pocas respuestas que se pudo obtener ese día, ya que el resto de preguntas sobre la Faja Pirítica fueron declaradas «improcedentes» por la señora Alaya.

La juez Núñez Bolaños que, con sus primeras actuaciones está dejando en evidencia la más que polémica instrucción de su predecesora, ha abierto esta vía aparcada por Alaya y que, desde luego, no ha gustado al PP que, de la noche a la mañana, ha pasado en el caso ERE de acusadores a acusados, de investigadores a investigados.

En todo este contexto -volvemos al principio- dos detalles que invitan a pensar en maniobras desde las sombras del poder político para influir en el Judicial. Por un lado, ha empezado a circular por Sevilla el historial como funcionario del marido de la nueva instructora, donde se le presenta como muy cercano al poder socialista y al que supuestamente se le habría beneficiado en su carrera como forense dentro de la Junta de Andalucía, que le nombró primer director de Instituto de Medicina Legal. Por otro lado, y este dato sí es más significativo, resulta para mucha gente altamente sospechoso que Bolaños, de los juzgados sevillanos que salieron a concurso, sólo pidió el Nº 6. O le daban ese órgano jurisdiccional o Bolaños se hubiese quedado en el Juzgado de Familia donde llevaba 10 años. Su antigüedad de 21 años en la carrera se lo puso en bandeja para lograr la plaza, jugándose su traslado a Penal a una sola carta.

La hasta ahora soterrada batalla en los bajos fondos judiciales de Sevilla ha aflorado siendo ya de dominio público y de la misma no se escapa ni el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que algunos creen que no ha apoyado suficientemente a Alaya y al que le han acabado sacando que cobra mensualmente de la Junta en concepto de alquiler de su vivienda.

Por cierto, el poder político, en este mismo capítulo, llegó a plantearle al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que se alquilase «algo barato en Guadix, de unos 80 euros», para poder justificar el que le abonasen, al igual que al presidente del TSJA, un alquiler mensual en Granada. Ni que decir tiene que el fiscal no sólo se negó en redondo. Cuentan que incluso amenazó al generoso ofertante de la Junta con abrirle diligencias si le volvía a plantearle tan despreciable como ilegal sugerencia.

Cuando las encuestas preguntan a los ciudadanos por la Justicia, sus resultados son aterradores. Nuestro sistema judicial ha perdido credibilidad y, en gran medida, la confianza de los ciudadanos. Y, como continúeasí este estado de cosas, acabarán por perderle el respeto a quienes tienen la sagrada obligación de administrarla de manera independiente, limpia y transparente, y sin condicionantes políticos tan descarados y a la luz del día.

Y esto, en Andalucía, vale desde Ayamonte hasta San Juan de los Terreros, pasando por Santa Elena. Pero si hay que empezar a resolver la cuestión, lo primero es la elección de la cúpula de gobierno de los jueces, el CGPJ, mimética representación con cuotas del poder político, factor principal de la politización de la Justicia en España, no el único, sin olvidar que en entre los moradores de juzgados y audiencias también hay corruptos, como en el resto de la sociedad, aunque de eso se hable poco.