Amat, desimputado tras el sobreseimiento de La Fabriquilla

La titular de órgano judicial advierte de que conforme al planeamiento vigente la parcela se calificaba como suelo urbano de uso comercial, y por lo tanto es incompatible con la construcción de edificaciones de carácter residencial, razón por la que la licencia no se ajusta a la legalidad urbanística vigente. No obstante, alega, no basta con la mera ilegalidad del acto administrativo, sino que, además, es preciso el conocimiento de dicha circunstancia por parte del sujeto activo del delito.

En el caso de La Fabriquilla, abunda, no resulta acreditado que los imputados actuaran a sabiendas. Para ello, la juez argumenta que la única constancia fehaciente de la notificación al Ayuntamiento de Roquetas del auto por el que el TSJA suspende cautelarmente la modificación puntual del planeamiento que habilita a la construcción de viviendas en la parcela en cuestión, se dio con posterioridad al acuerdo de la Junta de Gobierno y que, por lo tanto, no conocían de la resolución. Y plantearse que pudieran haberse dado otras alternativas que permitieran conocer a los miembros de la Junta de Gobierno la ilegalidad de la concesión de la licencia quedaría en el ámbito de simples conjeturas.

La instructora de la investigación recuerda asimismo que el urbanismo es una materia compleja que exige además de conocimientos jurídicos, de ciertos conocimientos técnicos que van más allá del saber general que puede exigirse de cualquier ciudadano. Alega al respecto que ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno reúne la preparación necesaria para abarcar la compresión de la materia y que, por lo tanto, es por ello que intervienen técnicos y juristas y sus informes. Todos ellos resultan conformes al otorgamiento de la licencia, por lo que no existe, en principio, teniendo en cuenta el resultado de dichos informes, así como la escasa o inexistente preparación técnica y jurídica de los miembros de la Junta de Gobierno, ninguna evidencia relativa a la actuación dolosa de los mismos.

La juez también exime de responsabilidad a los técnicos ya que, en el caso, si bien es cierto que todos ellos reúnen una determinada formación concreta en la materia, sus conocimientos se limitan a lo púramente técnico y no al jurídico. Y en el caso del autor del informe jurídico, también imputado en la causa, podría estimarse la existencia de un simple error en el informe [] sin trascendencia penal toda vez que no consta la existencia de intencionalidad en cuanto a la infracción de la legalidad urbanística.

La investigación de La Fabriquilla se abrió en 2011 después de que la Fiscalía de Almería interpusiera denuncia a raíz del escrito de una particular, Margarita Kaiser, y perseguía el esclarecimiento de las presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en una licencia para la construcción de diez viviendas en una parcela del núcleo urbano de El Parador que fueron inicialmente calificadas de un presunto delito de prevaricación urbanística.