Los alcaldes del Condado se van al juzgado tras 11 días sin agua potable

Los trihalometanos se forman por la reacción de la materia orgánica que lleva el agua de los pantanos con el cloro que le ponen para hacerla potable. El agua del Dañador (al que a su vez entra agua del Guadalmena) lleva tanta materia orgánica en suspensión que ha acabado pasando los filtros y entrando en la fase de cloración en tal cantidad que cuando se mezcla con cloro los niveles de trihalometanos se disparan por encima de lo legal. Han llegado a alcanzar los 111 miligramos por litro cuando se declaró la alerta hace más de una semana. El máximo permitido es 100.

Desde el sábado, 14 de julio, Montizón, Aldeahermosa, Venta de los Santos, Chiclana de Segura, El Campillo, Camporredondo, Los Mochuelos, Santisteban del Puerto, Navas de San Juan, Castellar, Sorihuela del Guadalimar, Arquillos y El Porrosillo se abastecen con camiones cisterna. La declaración como agua no apta para el consumo humano significa que no puede ingerirse ni utilizarse para la elaboración de alimentos, aunque sí para higiene personal y limpieza doméstica. En total hay casi 20.000 vecinos afectados.

«Hay antecedentes porque ya ocurrió lo mismo hace cuatro años, y habrá que estudiar qué medidas se han tomado desde entonces para que no volviese ocurrir. Estamos además sin información por parte de Confederación. Lo poco que nos dicen es a través de Somajasa –empresa pública dependiente de la Diputación– que gestiona la red en baja», dice Miguel Ángel Manrique, alcalde de Arquillos. El regidor destaca que los vecinos están ya «muy hartos y cansados» de la situación que «exigen soluciones».

«El anterior episodio de contaminación hace unos años se resolvió en tres días y desde la Subdelegación del Gobierno estuvieron permanentemente dando la cara y ofreciendo información. Ahora llevamos ya diez días y no sabemos nada», indicaba Juan Diego Requena, alcalde de Santisteban.

Los alcaldes exigen además que se ejecuten los más de 4 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para la red de abastecimiento de la comarca. Se esperaba la licitación de los trabajos para el mes de julio, pero en los pueblos afectados ven con inquietud que el mes avanza sin noticias.

En realidad, las necesidades de la red de aguas del Condado son mayores. En 2016 el Gobierno consignó en los presupuestos inversiones por valor de diez millones de euros, destinados en parte para modernizar la estación depuradora, además de para acabar con los tramos de tubería de fibrocemento de más de medio siglo de antigüedad que aún quedan en la red en alta de la comarca. De ese dinero no se ejecutó ni un euro. Al año siguiente la inversión prevista era de seis millones, pero tampoco se ejecutó. En los actuales presupuestos figuran más de cuatro millones. La subdelegada Catalina Madueño ya explicó que las obras de sustitución de las canalizaciones en alta «están previstas hace mucho tiempo». Se prevé que el proyecto pueda salir ya a información pública y que esté en licitación antes de final de año.