Los afectados por el incendio de Andújar podrán solicitar ayudas al Gobierno

En concreto, el acuerdo se refiere al fuego que comenzó el 18 de agosto cerca del embalse de El Encinarejo y que se dio por extinguido el día 27 con un balance de 797 hectáreas afectadas, de las que 530,44 son forestales (345,19 arboladas y 185,25 de matorral) y 256,44 de pasto, siendo las restantes de uso agrícola y urbano.

Esta declaración permitirá que los damnificados soliciten las ayudas económicas previstas para paliar daños personales y materiales. Estas ayudas, recogidas la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se conceden en base al principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las comunidades autónomas.

De esta forma, desde el Ministerio del Interior se recogen ayudas por daños personales, fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente que ascienden a 18.000 euros; a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad con un límite de 2.580 euros; por destrucción total de la vivienda habitual con un máximo de 15.120 euros; y por daños a la estructura de la vivienda habitual con un máximo de 10.320 euros.

También hay previstas ayudas por otros daños en la vivienda habitual con un máximo de 5.160 euros; por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, con un máximo de 9.224 euros.; a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes; a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos hasta 9.224 euros; y a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

El real decreto también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para el duplicado de permisos de circulación o conducción y para bajas de vehículos siniestrados, así como para la expedición del DNI.

La ley habilita a otros ministerios la posibilidad de adoptar distintas medidas para paliar las consecuencias de estos episodios adversos, como son la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas; medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; ayudas a las corporaciones locales, así como obras ejecutadas con carácter de emergencia para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.

Fernández incidió en que «el Gobierno de España demuestra, una vez más, sensibilidad ante una situación de este tipo» ya que «una emergencia no se puede dar por concluida hasta que se restablezca la normalidad».

Asimismo, indicó que «el Estado mantiene en alerta máxima todos sus recursos para la prevención y extinción de incendios, brindando un apoyo ininterrumpido a las comunidades autónomas», lo que «garantiza una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia».

El acuerdo por el que se declara 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' el territorio afectado como consecuencia de los incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 27 de febrero de 2024 y el 14 de septiembre de 2024, recoge un total de 176 territorios de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia.