Recurren al Tribunal Supremo la absolución del secretario de La Guardia

Este funcionario público se sentó en el banquillo acusado por el Ministerio Fiscal de introducir en el acta de un pleno una propuesta y el consiguiente acuerdo sobre la misma sin que se hubiese producido en la sesión plenaria.

Sin embargo, la Audiencia de Jaén recoge en su sentencia como hecho probado que "no consta acreditado su intención de faltar a la verdad" cuando el secretario redactó el acta del pleno e incluyó dicho acuerdo inexistente.

El portavoz del grupo municipal de Urbanización Unidas de La Guardia en el consistorio guardeño, Luis Salazar, en declaraciones a los periodistas ha indicado que se sienten "casi satisfechos" de la sentencia ya que "recoge como hechos probados todo lo que nosotros hemos venido denunciando", aunque ha indicado que con lo que no están conformes es con el fallo judicial.

"La sentencia reconoce que se ha falsificado el acta, pero como elemento subjetivo se introduce que el secretario no tuvo intención de hacerlo, pero nosotros creemos que sí hubo interés de falsificar el acta en contra del criterio y de la voluntad de todos los miembros de la corporación", ha indicado Salazar.

Ha añadido que la modificación del acta plenaria "sí ha tenido efectos en el tráfico jurídico y sí ha habido perjudicados como son los vecinos y vecinas de La Guardia que tienen que seguir soportando que la depuradora siga allí aunque no esté funcionando".

Fue el propio secretario del Ayuntamiento de La Guardia (Jaén), Á.J.C.R., en el que durante su declaración en el juicio atribuyó a "una lamentable confusión" el que introdujera en el acta de un pleno una propuesta y el consiguiente acuerdo.

El tribunal tiene en cuenta para su absolución los testimonios de los funcionarios del Ayuntamiento que coincidieron en que "el error del acta no tuvo efectividad alguna" porque no perjudicó ni al Ayuntamiento, ni a terceros ni benefició a la empresa sobre la que versaba dicho acuerdo inexistente.

Los hechos juzgados y sentenciados por la Audiencia de Jaén se remontan al 27 de febrero del año 2009 cuando los nueve ediles de la corporación municipal celebraron una reunión plenaria y uno de los asuntos del orden del día era debatir sobre la concesión de una licencia de actividad para una estación depuradora de aguas residuales en la urbanización Altos del Puente Nuevo. Ese permiso había sido anulado y la promotora había recurrido la decisión. En esa sesión, la corporación confirmó la nulidad de la licencia.

El secretario consignó en el acta un punto que, según reflejó, había sido propuesto por el alcalde y aprobado por los concejales.

Dicho punto incluía la suspensión de la nulidad de la licencia "por razones de interés general, fundamentadas en la garantía de la prestación de un servicio fundamental a los vecinos residentes en esa urbanización hasta tanto se busque una solución satisfactoria con respecto al emplazamiento de la depuradora".

Á.J.C.R. declaró en el juicio que se dejó llevar por conversaciones anteriores en las que se había abordado esta propuesta que nunca fue a pleno ya que la nulidad de la licencia podría llevar al Ayuntamiento a una reclamación patrimonial por parte de los promotores de la depuradora de 400 millones de euros. Esto sumado a su defensa del interés general le llevó, según declaró, a recogerlo en el acta del pleno sin ser consciente de que no se había debatido en el pleno.

Fue un año después de la aprobación del acta manipulada cuando un concejal de Urbanizaciones Unidas de La Guardia, Luis Salazar, pidió el expediente administrativo por el proceso abierto por la licencia de la depuradora en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3. Fue entonces cuando se dio cuenta que el acta incluía un acuerdo que no se había adoptado en pleno.

Salazar ha señalado que irán hasta el Supremo para recurrir la sentencia, como último intento de conseguir demostrar que "si hubo intencionalidad" cuando el secretario introdujo en el acta un acuerdo que no se había adoptado.