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Juan Esteban Poveda
Viernes, 28 de noviembre 2014, 01:37
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El juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha abierto diligencias para investigar la denuncia por cobro irregular de dietas por valor de más de 80.000 euros del que se acusa al alcalde de La Guardia, Juan Morillo (PP) y a su equipo de Gobierno. Fuentes cercanas al caso indican que una vez admitida a trámite, el siguiente paso en la instrucción es tomar declaración en calidad de imputados a los seis supuestos beneficiarios de esas dietas cobradas indebidamente a juicio del Fiscal.
La denuncia partió de Luis Salazar, de Urbanizaciones Unidas de La Guardia y tenaz opositor al alcalde Juan Morillo. La presentó en Fiscalía. El fiscal Carlos Rueda estudió el asunto y entendió que el alcalde y los concejales del Grupo Popular percibieron de 2007 a 2013 80.574 euros por hacer viajes para asuntos oficiales. Los viajes eran generalmente a Jaén o a municipios cercanos como Cambil, Pegalajar o Úbeda. La media dieta se paga a 42 euros.
Sin justificar
El Fiscal concluye que «examinadas las relaciones de viajes oficiales realizadas por los miembros del Ayuntamiento de La Guardia denunciados, se observa que en ningún caso está justificado el cobro de la media dieta pues (...) las gestiones que se relacionan se han desarrollado en algunos casos en organismos públicos y entidades crediticias en las que el horario de atención al público es solo por la mañana, y en otros es por asistencia a inauguraciones, presentaciones, jornadas, reuniones, etc, que es fácil comprobar que se han celebrado solo en horario de mañana o de tarde, por lo que siendo La Guardia un municipio tan cercano a Jaén no resulta acreditado el requisito para recibir el importe de la media dieta».
Otro juzgado ha archivado otra denuncia presentada por Salazar contra Morillo, después de que en el pleno de 20 de diciembre de 2012 el Grupo Popular votó para asignar la cantidad de un euro por asistencia a los órganos colegiados del Ayuntamiento (plenos y comisiones) para los concejales no liberados. Hasta entonces se pagaban 50 euros. Según el Fiscal, los ediles que votaron a favor podrían haber aprobado una resolución injusta a sabiendas.
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