Se suspende el juicio por el cobro de fraudulento de subsidios de desempleo

El motivo que han alegado es que, a fin de poder analizar todas las partes, con tres CDs presentados por la defensa, se ha solicitado disponer de tiempo para ello. Las pruebas fueron aportadas por el abogado de siete de los nueve acusados.

Después de que la documentación sea analizada, la Sección Segunda será la encargada de fijar nuevamente una fecha del juicio de un caso por el que Fiscalía pide tres años de cárcel para un gestor acusado de crear un sistema para obtener indebidamente prestaciones públicas.

De esta forma, según el Ministerio Público, facilitó que se defraudara a la Seguridad Social más de 80.500 euros. Junto a él aparecen como acusados por el Ministerio Fiscal otras ocho personas como supuestos beneficiarios de las prestaciones cobradas indebidamente.

Según recoge en su escrito el Ministerio Fiscal, el acusado aprovechó sus conocimientos como gestor para crear el sistema que permitía el cobro fraudulento de prestaciones. Dicho sistema consistió en la «utilización de empresas para simular relaciones laborales y consecuentemente dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores ficticios».

Lo llevaba a cabo «de mutuo acuerdo» con los supuestos trabajadores. En concreto, siete mujeres y un hombre que también aparecen como acusados en la causa. Las que no tenían conocimiento, según Fiscalía, eran las empresas «cuyos datos tenía como asesor de las mismas».

El siguiente paso era crear «contratos de trabajo falaces» ya que no existía relación laboral alguna. Además, «alteraron los documentos oficiales necesarios para la afiliación, alta y baja de los trabajadores ficticios en las empresas, así como los documentos oficiales necesarios para solicitar las prestaciones o subsidios de desempleo».

De esta forma, se creaba la apariencia de «una relación laboral verdadera» para «inducir» al Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) a «reconocer y abonar las prestaciones o subsidios públicos correspondientes que, de no haber mediado las altas ficticias, no habrían tenido derecho o lo habrían tenido, pero en cuantía menor».

Para ello se utilizaron hasta cuatro empresas de La Carolina y Guarromán, cuyos administradores, según el Ministerio Público, «desconocían el uso fraudulento que los acusados estaban haciendo de los datos de sus empresas».

Con este sistema, el principal acusado recibió entre marzo de 2007 y mayor de 2013 un total de 30.012 euros, de los que le quedan por devolver 28.820 euros. El importe defraudado por los ocho acusados restantes asciende a 51.815 euros.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de fraude al Sistema de la Seguridad Social. Para el gestor, además de los tres años de cárcel, el Ministerio Público le reclama el pago de una multa de 160.000 euros y la pérdida durante cuatro años del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas, o beneficios e incentivos fiscales de la Seguridad Social. Para los ocho trabajadores ficticios reclama 18 meses de prisión.

El concepto de responsabilidad civil deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria a una indemnización de 80.635 euros, que es la cantidad de dinero supuestamente defraudado a la Seguridad Social.