El Ministerio de Derechos Sociales aborda la situación de familias gitanas en Peal de Becerro

Tras los sucesos y ante el ambiente de tensión existente en la población, estas familias tomaron la decisión de abandonar Peal de Becerro «por temor a la reacción del pueblo». «Lo dejamos todo abandonado para salir de allí y lo hicimos con lo puesto», dijo José Luis Amador, uno de los siete cabezas de familia que se marcharon el municipio jienense en cuanto se conoció el crimen, temerosos después de los incidentes con el vuelco de tres vehículos y la quema –al parecer, provocada– de una vivienda donde vivían familias de etnia gitana y sin relación con los presuntos autores del asesinato.

Desde el departamento que dirige Ione Belarra calificaron estos incidentes como «inaceptables en un Estado de Derecho» y consideraron que «no deben tener cabida en una sociedad plural, diversa y democrática como la nuestra». Además, reclamaron a las autoridades competentes «que se tomen las medidas necesarias para proteger a estas familias y a restaurar lo antes posible la convivencia pacífica».

De esta manera, en la reunión que se mantuvo de forma telemática, se puso de manifiesto que las cinco familias afectadas tienen necesidades habitacionales, puesto que se marcharon «con lo puesto». Por ello, en un «magnífico ambiente de trabajo», según se destacó en la reunión, se buscaron soluciones a corto plazo para actuar de forma inmediata y ayudar a las familias.

En concreto, se va a proceder a buscarles una vivienda en distintos municipios de la provincia, pues los propios afectados aseguraron que, en principio, no tienen intención de regresar a Peal de Becerro al sentirse «incómodos» tras los hechos sucedidos recientemente.

A partir de programas específicos de Asuntos Sociales y subvencionados con ONGs, como son Cáritas y Cruz Roja, se ofrecerá dar una cobertura social a estas familias con 29 miembros. Una «solución de emergencia» que, por el momento, les proporcionará un techo y comida para los próximos meses.

Por otra parte, la Fiscalía Superior de Andalucía abre diligencias de investigación penal por los incidentes ocurridos en Peal de Becerro el pasado 18 de julio.

Fue el pasado 25 de julio cuando la Fiscalía Superior de Andalucía recibió un correo electrónico de la Sociedad Gitana Española denunciando al alcalde de Peal del Becerro, David Rodríguez, a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, a la Policía Local y a «los autores materiales e intelectuales o instigadores de los ataques recibidos contra familias de etnia gitana».

Así, el Ministerio Público abre las correspondientes diligencias de investigación encaminadas a esclarecer unos hechos por los que todavía no hay personas identificadas ni detenidas, aunque la Guardia Civil abrió también diligencias al respecto.

Desde la Sociedad Gitana Española se mantiene que los responsables de los organismos públicos denunciados «no pueden seguir ejerciendo sus funciones al frente de estas instituciones en las que los ciudadanos confiamos en que sirven para estar al servicio de la gente sea de la etnia que sea» ya que «estas familias gitanas agredidas también son ciudadanos españoles a los que les asisten Derechos Constitucionales». La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali también denunció por escrito a la Fiscalía de Jaén los incidentes contra propiedades de familias gitanas, en lo que entendían que son constitutivos de delitos de odio.