Denuncian el «escandaloso recorte» de la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta

Así, a pesar de que la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía sigue vigente por ley, y de estar diseñada para proteger a las familias con menores a cargo, personas con discapacidad o situaciones de exclusión social severa, la Junta de Andalucía «ha recortado drásticamente su cobertura y ejecución presupuestaria, alegando que el Ingreso Mínimo Vital de gestión estatal es suficiente».

De esta forma, en la capital, los expedientes tramitados desde los Servicios Sociales Municipales han tenido «una caída del 98,5 % en tres años». «En 2021 se gestionaron 2.291 expedientes y, tras sufrir un descenso progresivo (406 expedientes en 2022 y 211 expedientes en 2023), en 2024, tan solo fueron 34 los expedientes tramitados en toda la ciudad», asegura lo que, a su juicio, es una muestra clara de que «la infancia está en el centro del recorte, ya que la Junta ha eliminado esta línea específica de ayudas que prometieron en el año 2020 y coincide, además, que en Andalucía el aumento de la pobreza infantil ha superado el 43% este año».

Además, incide en que la Renta Mínima de Inserción «era una de las pocas herramientas que llegaban directamente de la Junta a las familias y su desaparición ha dejado a muchos hogares sin cobertura».

Por otro lado, la concejala de Servicios Sociales ha denunciado que en 2024, cuando el Gobierno municipal de Jaén estaba liderado por el Partido Popular, «a pesar de la caída drástica de los expedientes Remisa, guardó un silencio que afectó a centenares de familias jienenses y no realizó ninguna denuncia pública ni institucional ante la Junta de Andalucía».

«Sin embargo, desde el actual equipo de Gobierno reivindicamos que se reactive la Remisa de manera efectiva, especialmente para las familias con menores a cargo, que son las principales afectadas, que se cree una línea específica para la infancia vulnerable, tal y como fue prometido en 2020, que se garantice total transparencia en los datos de concesión, denegación y ejecución presupuestaria de las ayudas, y que se establezca una coordinación real con los ayuntamientos», sentencia.