Dos años de cárcel para un farmacéutico de Huelma por «inflar» las recetas del SAS y quedarse con 1,1 millones

Son los términos de la sentencia alcanzada este lunes por conformidad de las partes después de que el acusado haya reconocido los hechos y se haya declarado culpable de los mismos. Lo ha hecho en una vista en la que ha quedado absuelta su esposa C.G.C., después de que el SAS y el Colegio de Farmacéuticos hayan retirado la acusación.

La investigación de la Guardia Civil sobre las recetas infladas al SAS comenzó en el verano de 2016. Tras meses de pesquisas, la investigación se cerró descartando que hubiera un fraude generalizado por parte de las farmacias en la provincia de Jaén, pero sí se presentó acusación en dos casos concretos que se enjuiciarán por separado, el primero de ellos ha sido este lunes.

El segundo de los juicios se ha fijado para el 30 de marzo. En este caso se sentará en el banquillo la titular de una farmacia en la capital jienense y una oftalmóloga acusada de prescribirse a sí misma un medicamento para facilitárselo a su madre.

Respecto al de este lunes, tal y como contemplaba el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional y sobre el que se ha llegado al acuerdo, se establece que el farmacéutico ya condenado «ideó un sistema para defraudar a la Administración Sanitaria de Andalucía, de tal manera que pudiera percibir cuantiosos ingresos económicos en la comercialización de medicamentos y productos sanitarios».

La actividad delictiva se fecha entre septiembre de 2012 y octubre de 2016. Según se consideró probado en la vista, todo «giraba en torno a la facturación de los importes correspondientes a los medicamentos y productos que debían dispensarse a través de las recetas oficiales de la Seguridad Social, amparando el acusado su impunidad en la creencia de que la Administración no dudaba de la eficacia de su sistema de control».

Así, «para conseguir su objetivo defraudatorio y de lucro ilícito, en las recetas electrónicas, »en muchas ocasiones, dispensaba sólo alguno o algunos de los medicamentos o productos prescritos, facturando, sin entregar, otros igualmente prescritos o no prescritos«.

Además, en las recetas de papel, si estaban rellenas, «facturaba el importe de medicamentos o productos distintos y más caros que los prescritos» y si estaban en blanco «generaba como dispensado elque estimaba conveniente».

También, «en multitud de recetas, el médico no había prescrito el medicamento facturado y supuestamente dispensado y ni siquiera el paciente consignado había pasado consulta con el médico prescriptor».

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar al SAS le ha reclamado 1.151.431,24 euros correspondientes a la facturación y cobro por el acusado de medicamentos y productos sanitarios que no ha dispensado ya que los mismos nunca le fueron suministrados por ningún proveedor«.

La condena ha sido por un delito continuado de falsificación de documento oficial y otro continuado de estafa. Por esos delitos, inicialmente el Ministerio Fiscal le reclamaba cuatro años y medio de cárcel y 2.400 euros de multa, que al final han quedado rebajados a dos años de prisión y sanción de 960 euros.

Todas las partes se han pronunciado a favor de suspender los dos años de prisión para que el condenado no ingrese en la cárcel ya que A.J.M.P. tiene suscrito un compromiso de pagos para hacer frente a la responsabilidad civil contraída. No obstante se mantiene la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de farmacéutico durante dos años.

En el otro caso, el que se juzgará en marzo, el Ministerio Fiscal reclama para la farmacéutica M. L. H. G. cuatro años y medio de prisión, 2.400 euros de multa e indemnizar al SAS en 932.684,89 euros.

También para la oftalmóloga A.P.R. el Ministerio Fiscal reclama un año de prisión por un delito de estafa continuada. En este caso se le acusa de entregar a la farmacéutica acusada nueve recetas en las que se prescribía a sí misma un medicamento prescrito a su madre en una consulta privada y que le era facilitado «a sabiendas de que no correspondía su financiación a través del sistema público».