Acuerdo para la mayoría de acusados de matar una decena de caballos y cobrar el seguro

De esta manera, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha logrado celebrar la vista de un juicio que ha intentado celebrarse hasta en cuatro ocasiones sin éxito. Letrados enfermos, falta de alguno de los acusados, problemas por la distancia... retrasaron el procedimiento con una suspensión detrás de otra hasta que, al fin, este jueves se ha podido celebrar.

Desde el último encuentro de las distintas partes, había visos de un posible acuerdo para cerrar el procedimiento judicial. Así, son diez de los trece acusados los que han aceptado lo ocurrido, rebajando igualmente sus penas. El caso giraba en torno a una trama en la que propietario de caballos, de fincas y veterinarios se habrían unido, según el escrito de calificación de Fiscalía, para cobrar el seguro de caballos tras eutanasiarlos, haciéndolos pasar por otros equinos, con los que habrían ganado más dinero.

Merrie, Esperado JLC o Llorón XXV son algunos de los diez caballos que pagaron con su vida para que sus propietarios trataran de estafar al seguro unos 150.000 euros. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2013 y 2014, y salieron a la luz tras la investigación de la Guardia Civil a raíz de la denuncia de la aseguradora. Eran animales a los que les habrían roto las patas, forzando que los eutanasiaran, o con enfermedades que no se trataban, hasta su fallecimiento. Por ello, se les acusaba de delitos de estafa y de maltrato animal, así como falsedad continuada en documento oficial al engañar en los papeles sobre la identidad del caballo, entre otros.

Las penas que solicitaba el Ministerio Fiscal jienense por esta causa eran variadas, desde los seis años de prisión para el supuesto autor principal, que sería propietario de varios animales, por estafa y maltrato, a los 14 meses que se pide para la mayoría de los acusados. Con el acuerdo logrado, el acusado principal habría aceptado la pena de quince meses de prisión y tres meses por cada uno de los cuatro delitos de maltrato, así como un año de inhabilitación para la venta o compra de animales.

El resto de hombres sentados en el banquillo, los nueve que quedaban, han admitido penas de 3 meses de prisión por estafa y otros tres meses por maltrato animal, mientras que otro veterinario aceptaba un año y nueve meses de prisión por el delito continuado de falsedad documental.

Son dos las personas que no aceptaban ningún acuerdo y negaban los hechos. Uno de ellos fue el veterinario que habría eutanasiado a uno de los caballos y que, al verlo, comprobó que era «irrecuperable», con una zona gangrenosa y en mal estado físico. «Lo mejor para el animal era que dejara de sufrir». En su declaración ha explicado que el propietario le enseñó el pasaporte del animal y él mismo le pasó el detector del microchip, confirmando su identidad. Por lo que no se explica que el mismo animal falleciera también un año después.

El otro acusado en negarlo era propietario de una finca de explotación de vacuno en Ávila donde el acusado principal habría dejado temporalmente algunos de sus caballos «como un favor», trasladándolos desde Baeza. «Dijo que los vendería en unos quince días y le ofrecí un lugar», ha dicho. Dos semanas que se tradujeron en meses. En ese tiempo observó que uno de los caballos estaba en un estado de salud «malo». «Estaba delgado, comía peor y no tenía buen pelaje», así que su veterinario le indicó que sufría principio de pulmonía, «difícil de salvarlo», y que debía ser tratado en un hospital. «Llamé a su dueño, pero no me dio permiso para ingresarlo, y yo necesitaba sus documentos para que aceptaran», ha dicho. El animal murió de madrugada.

Este hombre también ha declarado que el dueño del caballo se «desentendió» de él y de los otros animales. Que tuvo que pagar de su bolsillo la visita del veterinario y, meses después, el propietario apareció con una yegua a modo de intercambio, «dijo que así quedábamos en paz, pero yo no la quiero, y ahí está», ha indicado.

En estos dos casos, para el primero Fiscalía solicita una pena de prisión de nueve meses y multa de 2.400 euros; mientras que para el segundo serían cinco meses de prisión por estafa en grado de tentativa y nueve meses por maltrato animal. En ambos, se decidirá la conclusión en la sentencia.