Concentración

40 juicios suspendidos al día el primer mes de huelga de los secretarios judiciales

Según se desprende de las cifras hechas públicas este viernes por los LAJ de Granada, que han vuelto a concentrarse en Plaza Nueva en defensa de sus reivindicaciones, entre el 24 de enero (fecha de inicio del paro) y este 23 de febrero, han sido un total de 1.177 los juicios que han tenido que ser aplazados por ausencia de los secretarios. Se trata de juicios civiles, penales, de delitos leves, contencioso administrativos... de todos los ámbitos.

Pero la cifra del total de actuaciones procesales y judiciales que se han visto afectadas por la protesta de estos operadores jurídicos es superior. Si a las vistas suspendidas se le suman las declaraciones judiciales que no han podido celebrase en los juzgados de Instrucción y otros actos en el resto de jurisdicciones, son un total de 1.831 suspensiones en este primer mes de huelga.

Así lo ha desvelado el LAJ Alberto Bravo, delegado del Colegio Nacional de LAJ y destinado en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de la capital granadina, tras recordar que una de las principales reivindicaciones del colectivo al Ministerio de Justicia es que se ajusten sus salarios a sus crecientes competencias.

Este dato, el de actuaciones suspendidas, «pone negro sobre blanco algo más general, que es la paralización de los juzgados», ha subrayado Bravo, al tiempo que añade que esa paralización afecta a todo: tramitación de procedimientos, gestión de la cuenta de consignaciones...

El LAJ ha recordado que el Ministerio de Justicia tardó tres semanas en hacer la primera convocatoria para la negociación con el comité de huelga -fue el pasado 16 de febrero- y «fue una reunión vacía de contenido». Por eso los convocantes han mantenido la huelga. Y en la mañana de este viernes estaba previsto un segundo encuentro.

De esa reunión, como ha añadido Bravo, los LAJ esperan que el Ministerio de Justicia «modifique su actitud, que simplemente es la dilatar el conflicto, por una de negociar y alcanzar un acuerdo».

Han transcurrido 13 años desde que se ampliaron las competencias de los LAJ. Fue en 2009, cuando se hizo una modificación de las normas procesales y se descargó a los jueces de cientos de competencias para hacerlas recaer sobre los secretarios. Luego, en 2015 se volvió a hacer otra modificación en materia de jurisdicción voluntaria, «pero no se abordó en ningún momento la adecuación salarial a esas nuevas competencias».

Según Bravo, el colectivo no pensaba llegar a esta situación, «porque la lógica -señala el LAJ- ordenaba que algo de más voluntad de negociación por parte del Ministerio hubiese». Los perjuicios a los ciudadanos y profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales) por este paro, como indica, «son inevitables», pero los LAJ están tratando de buscar soluciones «para minimizar esos perjuicios».

Por ejemplo, «en la entrega de las pensiones alimenticias», que no están incluidas en los servicios mínimos, pero que voluntariamente el Comité de Huelga ha dicho que es necesario hacerla para no perjudicar más, «o en la celebración de bodas».