El plan para erradicar el chabolismo en Níjar apuesta por impulsar los alojamientos temporales para el realojo

Así lo recoge el documento aprobado por el Pleno de Níjar este mismo viernes con el que se pretende trazar una hoja de ruta a fin de acabar con los asentamientos edificados en las dos últimas décadas en la localidad principalmente por parte de migrantes procedentes del norte de África que desempeñan su trabajo en la agricultura intensiva bajo plástico.

El plan cuantifica hasta el momento un total de 31 asentamientos chabolistas -cinco menos que en 2020- distribuidos principalmente en San Isidro, Saladar y Leche, Pueblo Blanco, Campohermoso, El Barranquete, El Viso, Atochares, Los Grillos y Níjar, todos ellos compuestos básicamente por infraviviendas tipo chabolas de plástico y palets o edificaciones en estado ruinoso que carecen, en su conjunto, de servicios básicos.

Para acabar con estos asentamientos, el Ayuntamiento aboga por la elaboración y actualización de un censo en el que se detallen no solo los asentamientos sino también las características de quienes los habitan y por la consolidación de un equipo técnico de intervención en el Área de Servicios Sociales Comunitarios para la implementación del plan en coordinación con otras áreas.

El alcalde nijareño, José Francisco Garrido (PP), cree que la aprobación de este plan supone un «hito» para el municipio, ya que le dota de «una herramienta vital para acabar con uno de los principales retos que tiene Níjar, que es el de la proliferación de infraviviendas desde hace años».

Comisión y protocolo para realojos

El plan propone además la creación de una Comisión Municipal para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas y afianzar un protocolo para el desalojo en el que se concreten las actuaciones a llevar a cabo por cada área implicada como Seguridad, Urbanismo o Servicios Sociales que establezca reuniones mensuales.

Así, se aboga por priorizar los núcleos chabolistas dónde residan colectivos especialmente vulnerables para detectar y prevenir situaciones de prostitución, trata de seres humanos o necesidades básicas en los menores.

Para ello, el plan señala la coordinación y cooperación con los distintos organismos y entidades del Tercer Sector implicadas en el ámbito de la migración. También se trabajará para prevenir la estigmatización y por el fomento de la convivencia «evitando situaciones de discriminación racial, con programas destinados a la prevención de la xenofobia» y por «el fomento de la riqueza de la diversidad cultural» con campañas en centros educativos, asociaciones vecinales o centros de mayores, entre otros espacios.

Entre otras líneas, también se pretende mejorar la seguridad con Policía Local en los asentamientos para evitar la construcción de otros nuevos y establecer lazos con los propietarios de las parcelas ocupadas ilegalmente, toda vez que también se contempla la limpieza y vallado de los terrenos municipales y públicos para que no sean ocupados.

«Grave riesgo para la dignidad»

El estudio da cuenta del «grave riesgo para la dignidad y los derechos humanos» que supone para sus moradores «las condiciones de seguridad, estanqueidad y salubridad» de estas estructura «precarias» que acentúan la exclusión socio-residencial de sus ocupantes.

«La situación descrita, ya de por sí de enorme gravedad, se ve agravada, si cabe, por los incendios que durante los últimos años se han producido en algunos de los asentamientos existentes, con el consiguiente riesgo para la salud y la integridad física de sus ocupantes», reconoce el documento con el que se da cuenta de la situación de vulnerabilidad que «debe de ser atajada» especialmente entre mujeres y menores que llegan con el objetivo de conseguir la reagrupación familiar.

Esta situación exclusión residencial favorece además, según el documento, la aparición de conductas «tan graves como la explotación sexual y laboral, la radicalización y el tráfico de drogas entre otras situaciones de riesgo».

El estudio señala el inicio de acciones en 2018 para favorecer espacios residenciales «transitorios» con la primera vivienda prefabricada con capacidad para ocho plazas y otra de cuatro plazas subvencionado a por la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Níjar en la barriada de Los Grillos.

Paulatinamente, el Ayuntamiento ha promovido nuevas viviendas con financiación procedente de la Dirección General de Políticas Migratorias o de la Junta de Andalucía, lo que posibilitó nuevas viviendas para un total de 46 personas. Tras la pandemia, se impulsó un nuevo proyecto en coordinación con el resto de administraciones, empresarios y organizaciones agrarias, así como entidades del Tercer Sector, para nuevas viviendas.

Tras todo ello, se llevó a cabo el primer desalojo en el asentamiento chabolista situado en 'Las Capitanas' en 2022 al que siguió, bajo un protocolo, el desalojo de El Walili donde residían 241 personas en enero de 2023. En 2024, se continúa con el Plan Local Integral de Erradicación de Asentamientos Chabolistas mediante la extinción del asentamiento Megasa.